Lenia Batres, la llamada ministra del pueblo, debe realizar un proyecto sobre si los ministros de la Corte están facultados para analizar la petición de suspensión de la reforma judicial por violaciones al proceso legislativo y a la independencia judicial, previo a su aprobación.
Además, apenas ayer, Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Colima, concedió la cuarta suspensión provisional en contra de la reforma judicial.
De acuerdo con el expediente 1125/2024, el juez admitió el trámite de juicio de amparo promovido por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos por las violaciones a la Constitución e independencia judicial de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que el tema que analizará la ministra Batres se trata de una asignación basada en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que “en caso de que la presidenta estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a una ministra o ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder”.
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un proceso de consulta entre los ministros para determinar si procede la suspensión de la discusión del dictamen de la reforma judicial.
Esto a partir de un recurso ingresado por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (Jufed) para que la Corte emita medidas cautelares, con carácter de urgente, como la suspensión de la discusión de dictamen en el Senado.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, turnó dos consultas sobre el mismo tema a la ministra Lenia Batres, identificada con la Cuarta Transformación, quien deberá elaborar un proyecto de acuerdo y presentarlo a sus pares.
Los recursos se turnaron a la ministra Batres porque era a quien le tocaba, según el orden de asignaciones que lleva la SCJN.
Lenia Batres ha manifestado que está favor de la reforma judicial y será la encargada de elaborar el proyecto, que deberá ser sometido a discusión de los otros integrantes del máximo tribunal.
La medida de suspensión fue solicitada por jueces y magistrados que señalaron que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados es violatorio de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
La Jufed, en su petición, cita precedentes nacionales e internacionales con los que, ante las posibles violaciones graves a los Derechos Humanos, la Suprema Corte puede emitir una resolución, urgente y equiparable a la suspensión provisional de un juicio de amparo, aunque los cambios no hayan entrado en vigor.
Uno de los puntos que solicitan es que “se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo”.
La ministra Lenia Batres, encargada de elaborar el proyecto, no tiene una temporalidad para presentarlo ante sus pares. Como antecedente, la reforma electoral fue impugnada a principios de febrero de 2023 y el 22 de ese mismo mes se suspendieron sus efectos.
Sin embargo, la diferencia en este caso es que dicha reforma ya había sido aprobada y no se trataba de cambios constitucionales; la reforma judicial todavía no concluye su proceso legislativo.
Para los juzgadores, la Suprema Corte debe suspender la discusión del dictamen y analizar el fondo, pero dadas las violaciones a sus derechos humanos ven que hay elementos para declarar su invalidez total y que se presente y discuta un nuevo proyecto.
En paralelo, la reforma judicial acumula una suspensión definitiva y una provisional, dictadas por la jueza Martha Magaña, cuyos efectos son frenar la discusión del dictamen en el Senado. Este viernes, se decidirá si se otorga la suspensión definitiva a un grupo de jueces laborales.
A su vez, hoy se llevará a cabo otra audiencia en un juzgado tercero de Chiapas, cuyo titular es Felipe V. Consuelo, para ver si se otorga la suspensión definitiva, pero con efectos de que si el Senado aprueba la reforma se evite enviarla a los estados.
Sobre la cuarta suspensión concedida ayer, el juez federal determinó que los efectos de la suspensión son para que “las autoridades no materialicen el acto reclamado, esto es que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución, en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en todas las legislaturas del país”.
La resolución indica que se debe frenar la discusión del tópico jurídico del Poder Judicial, pues es un hecho notorio que ya se llevó a cabo la discusión, análisis y votación del dictamen correspondiente, aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra, por lo tanto, la etapa subsecuente es la discusión ante la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, así en las legislaturas de los estado.
Se prevé que el domingo, la Cámara Alta discuta el dictamen, por lo que podría hacerlo con tres suspensiones definitivas de la justicia federal y una provisional, por lo que entraría en desacato.
