El Gobierno de la 4T pugna por arrebatarle al Poder Judicial 15 mil millones de pesos en fideicomisos… Mientras que la Auditoría Superior de la Federación no ha podido aclarar ni recuperar al menos 295 mil millones de pesos del erario correspondientes a Pliegos de Observaciones (PO) y Solicitudes de Aclaraciones (SA) realizados a las cuentas públicas desde el 2000 hasta 2022.
Es así que el erario tiene un faltante de casi 20 veces la cantidad que representan los 13 fideicomisos del Poder Judicial que desapareció Morena en el Congreso y que acumulan 15 mil millones de pesos, cuyo destino ha desatado un conflicto entre Poderes.
De acuerdo a una revisión de 24 HORAS, de esos recursos, 265 mil millones de pesos, es decir el 90%, corresponden a las cuentas públicas de 2018 a 2022, es decir durante la administración de David Colmenares al frente de la ASF.
Además, del total de recursos no recuperados, 155 mil millones de pesos, 52%, corresponden a las cuentas públicas de 2019 a 2022, es decir, durante la actual administración federal; mientras que 139 mil 552 millones, 48%, son de las cuentas públicas de 2000 a 2018.
En este marco, el proyecto de presupuesto 2024 cuenta con un déficit de casi 1.7 billones de pesos, que se solventaría con un techo de deuda de 1.9 billones.
Al dar a conocer la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, la ASF informó que, de 2022, están pendientes por aclarar o recuperar 5 mil 849 millones de pesos; de la Cuenta Pública 2021 corresponden 43 mil 427 millones de pesos; de 2020, 31 mil 460 millones de pesos; y de 2019, 74 mil 492 pesos.
Cabe aclarar que estos 295 mil millones de pesos sólo son por las acciones correspondientes a los Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaraciones y no se señala cuánto falta por recuperar de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que son las que generan mayor daño al erario.
Estos recursos que la ASF no ha logrado aclarar ni recuperar obedecen a faltantes o irregularidades registradas en las dependencias que reciben dinero público; es decir que es dinero de los mexicanos.
Asimismo en lo que va de la administración del actual auditor Superior también ha disminuido la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las inconsistencias encontradas en la revisión de las cuentas públicas de 2018 a 2022.
De acuerdo con el informe de Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2020, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros con fecha de corte al 29 de agosto de 2023, de 2018 a la fecha se han presentado 205 denuncias, que representan el 23% de las presentadas entre 2013 y 2017, cuando se interpusieron 907 denuncias.
De las 205 denuncias, sólo 20 corresponden a la Cuenta Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el resto a gobiernos anteriores.
En la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2022 no aparece una sola auditoría forense ni la presentación de denuncias. No obstante se emitieron ocho solicitudes de aclaración a los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Durango, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como 544 Pliegos de Observaciones.
Al respecto, Paula Villaseñor, directora de gobierno efectivo en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), reconoció que ante los resultados en la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, existen “inquietudes” sobre este órgano de fiscalización.
Destacó que los 295 mil millones de pesos que no se han recuperado tienen que ver solamente con dos acciones, los Pliegos de Observaciones y las Solicitudes de Aclaraciones, por lo que faltan contabilizar aquellos recursos que no se han recuperado por Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
“Efectivamente, hay muchas inquietudes sobre la gestión actual de la Auditoría Superior de la Federación y tiene que ver con la percepción de que hay una menor capacidad de la Auditoría para ejercer su rol”; además consideró que esta percepción también tiene que ver con la forma en que se cuantifican los procesos y se publican.
Incluso señaló que los datos que se publican no están debidamente sistematizados “y esto va contra toda línea de transparencia”.
La especialista consideró que también existe corresponsabilidad de las dependencias que fueron observadas en este proceso de fiscalización, “si la auditoría le indica a una institución pública: oye aquí tienes estos recursos públicos que no fueron usados debidamente o que no has podido aclarar, la institución pública tiene la obligación de presentar la información, entonces aparte hay corresponsabilidad de esa institución pública”, detalló.
Y enfatizó que la ASF tiene que dar seguimiento a todo el proceso por lo que no hacerlo y dejar de recuperar miles de millones de pesos puede deberse a una falta de seguimiento, “a que quizá no consiguió las pruebas suficientes para realmente poder fincar responsabilidades a la institución pública, a falta de interés, incluso desdén por llevar a cabo ese proceso”.
Hay que recordar que la ASF depende de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que está presidida por el diputado federal Pablo Angulo, brazo derecho del dirigente nacional del PRI y también diputado federal, Alejandro Moreno.
