Contrario al discurso de bienestar que pregona Morena en la Ciudad de México, los beneficiarios de los programas sociales comienzan a ser víctimas de la represalia política del Gobierno central, quien usa estos recursos conforme a sus intereses, señaló el diputado del PAN, Raúl Torres.
El legislador expuso que a varias beneficiarias de programas sociales, como los apoyos a madres solteras del Gobierno federal, les ha sido retenido el apoyo de mil 600 pesos bimestrales por no comprometer su voto a la 4T el 2 de junio.
“Los chilangos que viven en el extranjero con familiares en la capital, los han buscado para pedirles prestado, quejarse o buscar la manera de irse del país en busca de oportunidades por la desesperación de no contar con ese recurso que, por ley, con los votos del PAN en la Cámara de Diputados, les corresponde”, aseveró Torres.
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Apuntó que en el tema de vivienda también hay “intereses perversos” del gobierno local por medio del Instituto de Vivienda (Invi). Explicó que algunos departamentos se entregarían en estas semanas, pero se aplazó para que el oficialismo “pueda constatar que los futuros dueños, hayan votado por Morena”.
Esta situación también se vive en las acciones de Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), donde se condicionan los recursos si no se garantiza el voto por su abanderada a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, indicó.
“Es muy notorio que hay nerviosismo en la 4T, van a perder y no lo saben hacer con decencia, sino con un cochinero en estas últimas semanas que les queda de Gobierno porque el 2 de junio viene el cambio”, subrayó el diputado albiazul.
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Torres convocó a los chilangos que viven en el extranjero con madres, hijos o parientes en la capital, a denunciar cuándo les intimidan o les amenazan con los programas sociales, ya que coaccionar el voto es un delito.
Recordó que el proyecto del PAN, PRI y PRD para la Ciudad es reforzar la política social actual y no eliminar padrones de beneficiarios, ya que como oposición “entendemos que este es un derecho legítimo y ayuda mucho en la economía de muchas familias”.
