En Tiflis, Georgia, un proyecto de ley sobre “influencia extranjera” ha provocado protestas generalizadas y críticas internacionales, revelando una crisis cada vez más profunda en esta nación del sur del Cáucaso.
El parlamento, dominado por el partido gobernante Sueño Georgiano, impulsó la polémica legislación, que exige que las ONG y los medios independientes que reciban más del 20% de su financiación del extranjero se registren como “agentes extranjeros”.
Los críticos, que denuncian que el proyecto de ley está inspirado en el Kremlin (quien, a su vez, se ha manifestado a favor del mismo), temen que imite las leyes rusas utilizadas para reprimir la disidencia.
El avance del proyecto de ley se produce en medio de continuas protestas, con miles de personas saliendo a las calles desde hace semanas. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se han caracterizado por el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas paralizantes por parte de los equipos antidisturbios.
La Unión Europea, que otorgó a Georgia el estatus de candidato en diciembre, ha expresado su preocupación, sugiriendo que el proyecto de ley podría poner en peligro las aspiraciones de Georgia en la UE. En términos geopolíticos, cualquier esfuerzo que descarrile el camino de Georgia hacia Bruselas, sería en beneficio del régimen putinista, que busca alejar a Occidente de lo que ve como su esfera de influencia.
En medio del caos, los debates parlamentarios se tornaron físicos y los legisladores de ambos lados se enfrentaron. En particular, el líder de la oposición Levan Khabeishvili, quien ha sufrido lesiones en enfrentamientos policiales, se ha convertido en un símbolo de la resistencia, desafiando la postura del gobierno prorruso directamente en el parlamento.
El gobierno georgiano defiende el proyecto como una medida para aumentar la transparencia y proteger la soberanía nacional. Sin embargo, los opositores argumentan que su objetivo es sofocar a la oposición y controlar a la sociedad civil, acercando a Georgia a la influencia rusa en lugar de a la integración europea.
Mientras el proyecto espera su aprobación o rechazo final a mediados de mayo, la comunidad internacional sigue observando de cerca e instando a las autoridades georgianas a respetar el derecho de manifestación pacífica. Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, expresó su consternación por la violencia y enfatizó que tales acciones eran inaceptables en un país candidato a la UE.
