Con base en las 541 auditorías que conforman la segunda entrega de la revisión de la cuenta pública 2022 falta por aclarar el destino de 4 mil 665 millones de pesos, dijo el auditor federal de la Federación, David Colmenares.
Al hacer la segunda entrega de esta cuenta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que este monto se refiere a recursos del gasto federalizado transferidos las 35 universidades públicas estatales lo que representan 33% del total, con mil 577.2 millones de pesos.
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Además, están instituciones de educación media superior y superior y sus vertientes tecnológicas y politécnica que tiene que aclarar 539 millones de pesos y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por un monto de 692 millones de pesos.
Colmenares indicó que también falta por aclarar las participaciones federales de las entidades federativas a los municipios por 687 millones de pesos.
“El resto de los conceptos por aclarar, cuyo importe asciende a mil 198 millones de pesos, 25.5% del total, correspondieron al FAETA (Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos) en las entidades federativas, a la distribución del FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples) y FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) en las entidades federativas, así como a disponibilidades de recursos de las transferencias federales etiquetadas en las entidades federativas y a la distribución del FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)”, apuntó el auditor.
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Detalló que los montos por aclarar mencionados estuvieron asociados principalmente a irregularidades en el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores.
También se detectaron anomalías en recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; además de otras irregularidades detectadas.
