El sentido común podría estar aportando ciertos elementos analíticos que pudieran explicar políticamente la falta de voluntad operativa de las autoridades de seguridad para atender los sobresaltos delictivos no sólo en plazas calientes, sino ahora en agresiones contra aspirantes a cargos públicos.
La primera interpretación puede ser preocupante: la violencia en estas circunstancias está generando condiciones de inhibición en actividades políticas públicas, lo cual pudiera estar también enviando el mensaje de que el electorado no tendrá condiciones de seguridad para ejercer su derecho al voto y entonces disminuir su participación electoral.
En términos estrictos, el Estado tiene la capacidad y la fuerza para utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para recuperar el control social de plazas hoy capturadas por los intereses delictivos, pero llama la atención el hecho de que con mucha facilidad bandas criminales estén atentando contra la vida de políticos, expolíticos y aspirantes a políticos en campaña.
De ahí, pues, la inquietud en algunos sectores de la oposición que están suponiendo –aún sin pruebas– que la violencia política tolerada en zonas territoriales capturadas por el crimen organizado pudiera estar buscando una disminución en la participación electoral de los ciudadanos y, de modo natural, alejando cualquier simpatía de la oposición.
Pero en el análisis del problema de la violencia en espacios políticos también se deben incluir las sospechas, evidencias y señalamientos de que el crimen organizado estaría influyendo en el proceso electoral para favorecer a candidatos simpatizantes, como lo revelaron algunas evidencias en las elecciones regionales, estatales y municipales de 2021.
La oposición debe hacer su tarea, indagar a profundidad y presentar un documento básico que expliqué la violencia delictiva como factor inhibitorio de la participación político-electoral.
Zona Zero
Cuando menos seis plazas se han sobrecalentado en la República por la violencia criminal, sin que las autoridades estatales tengan capacidad para entender la profundidad del problema y menos pudieran mostrar decisión para tomar el control de estrategias estatales que han sido abandonadas por las instancias federales. Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas tendrán elecciones locales sin garantías de ejercicio libre del voto y con el crimen organizado como un factor real de poder.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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