El Gobierno informará por primera vez sobre desapariciones forzadas cometidas por autoridades.
Esto, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia matutina, al mencionar por iniciativa propia, que se presentará un informe global del fenómeno.
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Este martes, sin pregunta de por medio, el mandatario federal informó que se reunió con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes Sahagún, sobre la búsqueda de desaparecidos, y detalló que se han dividido en 3 grupos:
“Los que tienen que ver con el Estado (…) por ejemplo, todo lo que ocurrió cuando la llamada guerra sucia, hay expedientes. Y otros desaparecidos por violencia, en donde hay denuncias de autoridades locales, estatales o del gobierno federal, es otro grupo. Y luego están los desaparecidos por enfrentamientos entre grupos de delincuencia”.
Esta es la primera vez que López Obrador hace referencia a las desapariciones cometidas por agentes del Estado a nivel local –como puede ser una gubernatura o un municipio- pero que, al menos desde 2019, el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas ya había reconocido durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada:
“La mayor parte de la desaparición de personas está asociada a actividades delictivas realizada por grupos de la delincuencia organizada, aunque por supuesto están presentes aún, lamentablemente, desapariciones vinculadas con autoridades, particularmente en el ámbito local”.
Dicho tema estuvo entre los hallazgos tras la visita en 2021 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual indicó en su reporte que:
“Los interlocutores del Comité plantearon diversas hipótesis sobre la eventual responsabilidad de los servidores públicos en las desapariciones (…) el Comité ha recibido otras muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado (…) En unos casos, se refieren al involucramiento directo de los servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotos, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos”.
Tras lo cual, en noviembre de ese año, el propio exsubsecretario indicó que en 2006, en el contexto de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”:
“Desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado”.
Pese a ello, la propia ONU ha referido que en círculos oficiales se ha negado o diluido la responsabilidad del Estado en desapariciones recientes son perpetradas por particulares con vínculos con la delincuencia organizada.
Claudia Uruchurtu, caso emblemático
El caso más conocido en años recientes de una desaparición forzada cometida por una autoridad local es el de la activista mexicana-inglesa, Claudia Uruchurtu, de quien se supo por última vez hace 3 años.
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Esto, durante una protesta a las afueras del ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca, movilización que fue reprimida por la policía local, misma que “levantó” Uruchurtu Cruz; la investigación de su caso llevó a la detención de casi una decena de personas, entre ellas la expresidenta municipal, Lizbeth “H”.
Pese a su detención y procesamiento, en diciembre de 2022 una jueza reclasificó el delito que enfrentaba, desaparición forzada a obstrucción en la búsqueda de la activista, por lo que, en lugar de 60 años solo pasaría 4 años en prisión.
Hasta ese momento, la exfuncionaria municipal había sido el primer caso en que una autoridad acusada de desaparición forzada enfrentaba a la justicia.
EAM
