El Gobierno de Guatemala presentó una denuncia penal por “incumplimiento de deberes” a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien llevó a cabo una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial en 2023.
Después de presentar la denuncia ante la Corte Suprema, el procurador general, Julio Saavedra indicó que “con instrucciones del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación” a su cargo se presentó “una querella penal” contra “la fiscal general” además de instar a retirarle la inmunidad.
“Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero”, añadió.
Durante aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente y argumentó que la ley le prohibió participar en una junta de ministros, ya que infringió la autonomía del Ministerio Público.
Mientras que Saavedra señaló que dicha ley, obliga al fiscal general a “atender las convocatorias del presidente”.
“El rehusarse a participar en esa junta de gabinete, podría enmarcarse en una conducta delictiva […] como incumplimiento de deberes”, aseguró.
Arévalo ganó las elecciones con la promesa de combatir la corrupción, preocupando a la élite político-empresarial de Guatemala.
La comunidad internacional atribuyó los esfuerzos de la fiscal para intentar apartar a Arévalo del camino a su cargo mediante polémicas investigaciones contra él y su partido Semilla, que resultó inhabilitado por la justicia a petición de la fiscalía.
