El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) clasificó como confidencial la información del gasto por 3.6 millones de pesos en comidas de los magistrados, debido a que la divulgación de sus facturas en restaurantes y otros comercios pondría en riesgo su vida y su salud porque la información podría ser utilizada para atentar contra ellos o extorsionarlos.
Lo anterior contrasta con otros organismos, como el INE que ha entregado la versión pública de facturas de gastos de alimentación de consejeros, en las que solo se testan los datos personales tanto del emisor como el receptor.
El Tribunal Electoral, tras una petición de información de 24 HORAS, decidió ocultar las facturas que los magistrados de la Sala Superior y Regionales entregaron en 2023 para justificar su erogación en alimentos, como prestación extra a su salario.
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La resolución, firmada por Luis Rodrigo Sánchez Gracia, secretario general de Acuerdos del TEPJF y presidente del Comité de Transparencia, señala que para ese órgano “no pasa inadvertido que nuestro país se encuentra dentro de un proceso electoral, por lo que develar dicha información podría generar un riesgo para la contienda electoral por la probable injerencia de diversos grupos; aunado a otros riesgos en materia de seguridad como presiones de grupos delictivos a integrantes de la magistratura vía amenazas y atentados“.
La solicitud de información, con terminación 536, resalta que la ahora presidenta del Tribunal, Mónica Soto; el expresidente, Reyes Rodríguez, así como Felipe Fuentes y el exmagistrado Infalfer Infante, quien dejó su puesto en noviembre pasado, gastaron 375 mil 700 pesos cada uno en comidas.
Janine Otálora fue la que menos recursos públicos utilizó, con 46 mil 11 pesos, mientras que José Luis Vargas, quien también dejó el cargo en noviembre pasado, erogó 362 mil pesos en ese rubro.
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El pasado 22 de diciembre, a raíz de la solicitud de este diario para entregar todas las facturas que amparen el gasto de cada magistrado en alimentos, el Comité de Transparencia del TEPJF realizó una sesión en la que se votó por clasificar el contenido de esos documentos como confidencial.
El argumento fue que esa información debe quedar oculta con base en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia, el cual indica que la reserva de información es porque su divulgación puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de dichos funcionarios.
“Se acredita la vinculación entre las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral y la información que puede poner en riesgo su vida, seguridad o salud, a saber, las facturas entregadas para justificar los gastos de alimentación”, indica la resolución del Comité de Transparencia del TEPJF.
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A su vez, ese organismo realizó un análisis y comprobó la supuesta Prueba de Daño, lo que significaría que difundir las facturas de comida de los magistrados causaría un perjuicio para la institución y los magistrados.
“Los datos consistentes en el nombre, razón social y dirección del establecimiento que emitió la factura respectiva, así como los días y horarios en los que asistió a éste una magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo”.
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El Tribunal Electoral estableció que con la difusión de las facturas se podrían conocer los nombres de los restaurantes a los que acuden los magistrados electorales, con lo que sería posible “establecer indicadores sobre sus costumbres y preferencias poniendo en riesgo su vida o seguridad y, por ende, la estabilidad de la institución a la que corresponden las funciones de este órgano de justicia del Estado Mexicano”.
Otra de las razones para mantener ocultos los detalles de cómo se gastaron 3.6 millones de pesos en comidas es que “la divulgación de esta información no solo pondría en un estado de vulneración la seguridad e integridad física de las personas servidoras públicas, sino también a sus acompañantes y sus entornos, pues automáticamente se convertirían en potenciales víctimas viables de actos ilícitos como son de manera enunciativa y no limitativa, recibir amenazas, extorsiones, secuestros, atentados, entre otras actividades ilícitas”.
