Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Las denuncias acerca de la presencia de hombres armados y el cobro de derecho de piso en el área de la zona arqueológica de Bonampak “nos da la razón de que en comunidades lacandonas operan grupos del narcotráfico que han generado violencia”, afirmó Esquivel Cruz González, presidente de la comisión para la paz en la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.
“El gobierno tiene que actuar, pues ya no hay otra puerta de salida, tiene que restablecer el orden, es la única opción que queda, tomar en serio lo que hemos venido denunciando y no es capricho de Frontera Corozal el movimiento de denuncia que iniciamos el 11 de octubre, sino la exigencia de todo un pueblo que quiere seguridad”, agregó.
Entrevistado en esta ciudad, señaló que restablecer el orden en la llamada comunidad lacandona, integrada por varias localidades, “significa detener a los dirigentes de los grupos que están operando; el gobierno tiene que ir de raíz para controlar la inseguridad”.
Recordó que a causa de la violencia, la inseguridad y la intención de grupos de narcotraficantes de cobrar derecho de piso en Frontera Corozal, situada en la selva Lacandona, los 10 mil pobladores iniciaron un movimiento que incluyó marchas, mítines, retención de policías estatales y otras protestas para denunciar la violencia y la inseguridad.
Prestadores de servicios turísticos han denunciado recientemente que indígenas lacandones armados de Lacanjá Chansayab cobran derecho de piso para permitir visitar la zona arqueológica de Bonampak, situada en esa zona, por lo que algunas agencias de viaje decidieron suspender los recorridos.
Cruz González manifestó que “los malandros que están llevando a cabo esas acciones son lacandones que viven en Lacanjá Chansayab, Betel y San Javier, a los que hemos denunciado desde el 11 de octubre para que el gobierno los detenga y se frenen la inseguridad y la violencia. Ellos están maltratando el turismo en la zona, que es la joya de la corona.”.
Aclaró que “no todos los lacandones están involucrados, pero sí amenazados. Sabemos que en estos días han estado obligando a los transportistas que trabajan en la zona a que firmen un documento dirigido al presidente de la República para pedir que se retire la Guardia Nacional; están presionando al pueblo con cañones para que firmen”.
En cuanto al cierre del ingreso de pobladores extraños a Frontera Corozal desde el 12 de octubre, lo que impide visitar la zona arqueológica de Yaxchilán, afirmó que se debió a cuestiones de seguridad porque “la comunidad estaba en riesgo por la violencia de los grupos criminales”.
Remarcó: “El pueblo se levantó el 11 de octubre para defenderse, para cuidarnos de la delincuencia organizada y se tomó la decisión por una amplia mayoría en la asamblea general de cerrar las puertas para poder controlar la entrada y salida de los ciudadanos; por los levantones, las extorsiones y el cobro de derecho de piso; para restablecer el orden se cerró el paso en la frontera de México con Guatemala y la entrada de los que llegan de la ciudad a la comunidad”.
Luego de recordar que para visitar Yaxchilán es necesario llegar a Frontera Corozal y cruzar en lancha el río Usumacinta, Esquivel expresó: “Estamos resistiendo y cuidándonos porque el gobierno no nos ha respondido como debería de ser para garantizar la seguridad. Por ello el pueblo decidió cerrar y en este momento no hay condiciones para abrir por completo el paso a extraños. Está siendo afectada la economía, pero todos estamos apechugando porque hemos sido afectados; es una decisión de lancheros, de los que tienen restaurantes y hospedajes; es un acuerdo en general porque no hay condiciones para entrar en la zona, pero ya estamos armando una estrategia de cómo empezar a recibir el turismo, con los protocolos de seguridad para garantizar su integridad y la del pueblo”.
El dirigente de origen chol explicó que la asamblea de Frontera Corozal, habitado por alrededor de 10 mil pobladores, valora la posibilidad de abrir nuevamente el acceso a turistas próximamente. Estamos en esa discusión. Espero que en 15 días tengamos algo más acabado. Si las fuerzas de seguridad federal se mantienen en la zona habrá condiciones para abrir. Espero que en Semana Santa esté transitando el turismo”.
Informó que por acuerdo de la asamblea se mantienen las guardias armadas controlando los accesos a Frontera Corozal para impedir la entrada “los malandros” y de extraños. Los habitantes están autorizados a salir de la comunidad a partir de la 5 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde a más tardar.
Cruz González aseguró que como resultado del nuevo reglamento, “muchas familias de Frontera CorPie de Foto.- De izquierda a derecha: Paulino Ramírez Torres, comisionado para la paz en Frontera Corozal; Esquivel Cruz González, presidente de dicha comisión y Fracisco Méndez López, subagente de Frontera Corozal. Foto Elio Henríquezozal están felices. Nuestra comunidad es un ejemplo a seguir: Ahora está prohibida la venta de alcohol, drogas y de otros productos dañinos para la salud. Quien intente hacer esas actividades ilícitas es sancionado con 15 días de cárcel y una multa que acuerda la asamblea. La inseguridad nos obligó a autorregularnos”.
Sostuvo que “por primera vez, el 24 y 31 de diciembre no hubo consumo de alcohol; las familias disfrutaron sanamente en sus casas. ¡Increíble! No hubo ni cohetes ni nada por estilo. Hubo convivencias familiares y religiosas con mucha armonía. Es el resultado de que nos hemos amarrado la cintura como comunidad que concluyó que no vamos a seguir destruyendo nuestra salud”.
Comentó que “había muchas familias desintegradas; enfermos que estaban acostumbrados a consumir cristal; era una descomposición total. Hoy se ve a muchas personas que estaban perdidas en el alcohol y la droga que andan bien vestidas y bañadas, trabajando”.
Aseguró que “la gente está retomando las actividades agrícolas olvidadas. Hoy tal vez podemos ser los productores más grandes de maíz porque mucha gente está en las parcelas como no se hacía desde hace mucho tiempo. Esto ha sido en parte por la necesidad de ponernos reglas para restablecer el orden y controlar la inseguridad”.
El subagente municipal de Frontera Corozal, Francisco Méndez López, informó por su parte que todos los pobladores estaban “obligados” a no consumir alcohol el 24 y el 31 de diciembre, pero las autoridades encontraron envases de cervezas procedentes de Guatemala, por lo que redactaron un documento de siete puntos y acudieron a dialogar con las autoridades de las aldeas del vecino país, que se ubican cruzando el Usumacinta.
“Fuimos a las aldeas de La Felicidad y Yanaí para plantearles la situación y a informarles de los acuerdos tomados en Frontera Corozal para prohibir el consumo de alcohol porque a causa de la inseguridad, las extorsiones y el cobro de derecho de piso se levantó el pueblo”, manifestó.
“Les dijimos que al que se sorprenda vendiendo cervezas o aguardiente será encarcelado y multado por la comunidad, de acuerdo con los usos y costumbres porque estamos haciendo limpieza del pueblo. Que si siguen pasando cervezas del lado de Guatemala se cerrará totalmente el paso. Estuvieron de acuerdo con nuestros planteamientos y han cumplido. Ahora no hay pandillerismo, hay paz, tranquilidad y convivencia familiar que se habían perdido. Es una lucha que se ha logrado con mucho esfuerzo”.
