Elio Henríquez/La Jornada/ San Cristóbal de Las Casas, Chis. – La diócesis de San Cristóbal de Las Casas afirmó que debido a la violencia que impera en la sierra y la frontera de Chiapas, se prevé que cientos de familias desplazadas de sus comunidades este mes no puedan regresar a sus hogares antes de seis meses, por lo que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para atenderlas y enfrentar la crisis humanitaria.
“Las coordinaciones que tenemos en la zona, prevén que en un período no menor de seis meses los desplazados no podrán regresar. Es el pronóstico porque la violencia que impera en la zona es muy alta”, dijo el vicario de Justicia y Paz, Miguel Montoya Moreno.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al menos 2 mil 800 pobladores de los municipios citados se desplazaron de manera forzada el 16 de este mes, luego de un enfrentamiento entre integrantes de cárteles de la droga y tras el ingreso de tropas del Ejército mexicano que lanzaron gases lacrimógenos y disparos al aire, debido a que los pobladores les impidieron el paso.
Montoya Moreno pidió al gobierno federal y estatal crear las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de los desplazados. “Si no hay ninguna seguridad de parte de las autoridades es imposible un regreso. El retorno seguro le corresponde a las autoridades. Esperamos que en estos días y meses puedan hacer el trabajo necesario para regresar a las comunidades a sus hogares”.
Insistió: “Esperamos que las autoridades puedan favorecer el retorno, y ofrecer también los medios necesarios y toda la seguridad para que las comunidades regresen de manera segura”.
La Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas informó el sábado que más de 26 toneladas de ayuda humanitaria ha entregado a mil 880 personas desplazadas de Chicomuselo, que se encuentran en los albergues temporales ubicados en los municipios de Tzimol y Socoltenango, así como en casas solidarias en Comitán y La Trinitaria.
El vicario de pastoral de la diócesis, José Luis Bezares Selvas señaló que “también que hay desplazamiento hormiga, que no está en las estadísticas de gente que decide salir porque hay violencia o porque no quiere que los hijos jóvenes entren al narco; se van a otros estados o incluso fuera del país. Todo esto no se puede contabilizar. Hay sufrimiento, dolor y crisis alimentaria”.
Sostuvo que “también sufren los que se quedan porque ya perdieron su cosecha y tienen miedo y temor. Además, la violencia obstaculiza a veces el trabajo pastoral. El 6 de enero fuimos a Chicomuselo y de 73 confirmaciones que estaban programadas, sólo hubo 20 porque muchas familias habían huido y otras tuvieron miedo y no quisieron llegar a la cabecera. Incluso, se cambió la sede por seguridad”.
El sacerdote informó que él y otros representantes de la diócesis “nos henos reunido con funcionarios de los gobiernos federal y estatal. Ha habido acercamientos y diálogos. Lo primero es dialogar, poner sobre la mesa los asuntos y sobre todo la atención a los desplazados. Se ha pedique se vaya al fondo de las causas que provocan los desplazamientos y que se garantice la no repetición de las mismas”.
Se ha pedido también, añadió, “un retorno seguro y se están viendo los mecanismos, porque no es fácil, ya que implica muchas cosas; en otras partes ha sucedido que retornan, pero luego vuelve la violencia. No será fácil el retorno y como se acercan las elecciones pensamos que va a aumentar la violencia”.
Dijo que “también les hemos planteado lo de la crisis alimentaria, sobre cómo podrían ellos resolver esta situación. Estamos en diálogos, han dado algunas respuestas y otras están en proceso por lo que implica la violencia que se vive en el estado”.
Reiteró que “hay avances en los diálogos con las autoridades federales y estatales; por ejemplo, en el último comunicado que tenemos reconocen el desplazamiento forzado interno. Vemos que hay ciertos avances, aunque no como quisiéramos”.
La situación de violencia se agravó en la frontera y la sierra del estado, hace más de dos cuando integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa comenzaron a disputarse el territorio, lo que ha provocado, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, cobro de derecho de piso, quema de vehículos, desplazamientos forzados y bloqueos carreteros constantemente.
