Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Apoyados por las autoridades municipales priistas, pobladores de San Andrés Larráinzar cortaron el servicio de energía eléctrica a cinco familias autónomas que desde 1994 están en resistencia de pago y pretenden obligarlas a pagar 150 pesos bimestrales, denunciaron sus compañeros.

Añadieron que después de intentos fallidos de diálogo entre autoridades autónomas y oficiales y de presiones en contra de las cinco familias afectadas, sus compañeros decidieron reconectar el servicio por su cuenta, por lo que responsabilizan al gobierno en sus tres niveles de lo que pudiera ocurrir.

En un documento explicaron que el pasado 13 de junio, se presentó un fallo en un transformador instalado en la calle Morelos de la cabecera municipal, por lo que los usuarios buscaron alternativas para solucionar el problema.

Agregaron que “entre las opciones, plantearon solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el arreglo del fallo, pero antes obligaron a todos los usuarios a presentar copia de los recibos de luz “para ver si todos estaban al corriente de los pagos”.

Entre los cinco afectados, dijeron, estaban las 5 familias pertenecientes a la denominada comunidad autónoma en resistencia integrada por habitantes que no pertenecen a partidos políticos, a las que “obligaron a presentar copia de sus recibos, pero como no la tienen les dijeron que si quieren tener el servicio, deben de pagar 150 pesos cada dos meses”.

Señalaron que sus compañeros “se negaron, ya que la cooperación no aplica para todos sino solamente a ellos. También les dijeron que si no quieren pagar, que instalen su propio transformador o que compren paneles solares”.

Los denunciantes manifestaron que “ante tal situación, el agente municipal autónomo habló con el agente municipal del PRI para mediar, pero se negó a abordar el tema, justificando que es un asunto del barrio y de la calle Morelos”.

Dijeron que “el asunto había quedado en suspenso, ya que por acuerdo de todos los usuarios afectados decidieron buscar un técnico para arreglar el desperfecto, para lo cual cooperaron con 100 pesos, pero como la cantidad fue insuficiente, pidieron 50 pesos más por usuario afectado. Nuestros compañeros cumplieron en tiempo y forma con dicha cooperación”.

Comentaron que el 21 de junio, los usuarios “de la calle Morelos nuevamente pidieron copia del recibo de luz y plantearon que quien no la tenga, asumirá las consecuencias. Como nuestros 5 compañeros no la tienen, les pidieron nuevamente pagar los 150 pesos cada 2 meses. Como no aceptaron los volvieron a amenazar, incluyendo colgarlos en el árbol y después subieron en el poste de luz y les cortaron los bajantes, dejándolos hechos pedazo para que no pudieran reconectar la energía. Durante el corte de servicio estuvieron acompañados por la policía municipal”.

Las autoridades autónomas de San Andrés, donde el 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, volvieron a solicitar a sus pares oficiales del municipio para entablar un diálogo con el fin de solucionar el problema y que se reconecte el servicio de luz.

“En un inicio, las autoridades mostraron voluntad, pero después de varios intentos, solo avisaron que ya no van a intervenir porque no es de su competencia y que se remita a los agentes municipales, por lo que, los agentes autónomos volvieron a solicitar una reunión con los agentes oficiales de la cabecera municipal, a lo cual accedieron, pero no quisieron dialogar sobre el asunto; solamente les dijeron que no van a reconectar el servicio de luz a las cinco familias y que lo sucedido solo era el comienzo porque irán aplicándolo barrio por barrio”, expresaron.

“Las autoridades autónomas buscaron vías alternas para solucionarlo, pero no hubo respuesta positiva. En ese acto arbitrario, participaron personas pertenecientes a diversos partidos políticos, principalmente del PRI, así como integrantes de la agencia oficial de la cabecera municipal y de personas creyentes de diferentes iglesias, como Francisco Leonardo Hernández Díaz, ministro de la comunión de la parroquia de San Andrés Apóstol”.

Afirmaron que “al no encontrar otra alternativa y por acuerdo del grupo autónomo, se procederá a reconectar el servicio de luz a las 5 familias afectadas con nuestros propios recursos, ya que es un derecho humano y no podrán negarnos, menos los miembros del partido político que se oponen a nuestra resistencia, que también sufren y están en las mismas condiciones económicas adversas que nosotros”.

Responsabilizaron “al ayuntamiento de San Andrés Larrainzar y a todas las autoridades oficiales de la cabecera y del municipio, al gobierno estatal y federal de cualquier agravio a nuestra integridad física que derive de la reconexión de la luz y posterior a ésta”.

También exigieron “la intervención del gobierno estatal y federal para que controle a su gente y a sus instituciones para que no se repitan estos actos violatorios a los derechos humanos y se garantice el ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la luz eléctrica”, además de que se garantice “que no se vulnere la integridad física a las cinco familias afectadas y de todos los miembros del grupo autónomo en resistencia de San Andrés Sakamch´en”.