REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Lo que inicialmente fue presentado como un secuestro de alto impacto contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy N, dio un giro radical luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyera que existen elementos para considerar que los hechos habrían sido simulados como parte de una presunta estrategia para encubrir irregularidades financieras dentro del gobierno municipal.
De acuerdo con la investigación ministerial, la denuncia presentada por la alcaldesa tras su supuesta privación ilegal de la libertad el pasado 31 de mayo comenzó a desmoronarse conforme avanzaron los análisis de videograbaciones, registros telefónicos, entrevistas y trabajos de inteligencia realizados por las autoridades.
La Fiscalía informó que tres personas fueron detenidas en Oaxaca por su presunta participación en los hechos, mientras que dos familiares directos de la edil cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Además, la propia presidenta municipal enfrentará una audiencia de formulación de imputación por el delito de simulación de secuestro.
Según la versión oficial, el supuesto plagio habría sido planeado desde meses atrás por personas cercanas a la alcaldesa. Las indagatorias apuntan a que el objetivo consistía en justificar la salida o el faltante de 40 millones de pesos de recursos públicos mediante el cobro de un rescate que aparentemente sería cubierto con dinero del ayuntamiento.
Entre las pruebas citadas por la institución destacan comunicaciones telefónicas entre los involucrados, testimonios ministeriales y material videográfico que contradice la narrativa inicial.
En las imágenes analizadas, señala la dependencia, no se observan actos de violencia ni resistencia física al momento en que la funcionaria aborda el vehículo donde presuntamente ocurrió la privación de la libertad.
Los investigadores también establecieron que durante el trayecto la propia alcaldesa habría dado indicaciones sobre la ruta a seguir para evitar cámaras de vigilancia y posteriormente pidió a familiares no alertar a las autoridades. La situación se complicó cuando se desplegó un operativo policial tras los reportes de testigos, lo que presuntamente obligó a modificar el plan original.
La Fiscalía sostiene que la simulación fue ejecutada por al menos seis personas, incluida la presidenta municipal, por lo que ejercitó acción penal y dio vista tanto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para revisar el posible desfalco relacionado con los 40 millones de pesos mencionados en la investigación.
El caso representa uno de los episodios más delicados para una autoridad municipal mexiquense en los últimos años, al pasar de la condición de presunta víctima a la de probable participante en una maniobra que ahora es investigada por la justicia estatal.
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