Por Diana Sánchez Barrios
En un contexto internacional marcado por crecientes presiones contra México, que van desde amenazas de intervención militar extranjera en territorio nacional hasta condicionamientos comerciales vinculados a la política de seguridad, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente en torno al tema de que la soberanía mexicana no está en venta ni en negociación. La defensa de la soberanía no es retórica de la actual administración, sino que es un principio fundacional del Estado mexicano consagrado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al Poder Ejecutivo a preservar la seguridad nacional y a procurar la paz y el orden interno.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza categóricamente la presencia de fuerzas militares extranjeras en suelo mexicano, no está siendo confrontacional con otros países: por el contrario, nuestra mandataria solo está cumpliendo con la Constitución que juró defender. La Doctrina Estrada, adoptada por México desde 1930, establece que México no debe pronunciarse sobre la legitimidad de otros gobiernos extranjeros, ni permitir que otros se pronuncien sobre los asuntos internos de nuestro país. La titular del Poder Ejecutivo mexicano no inventó este principio, más bien lo sostiene y lo defiende.
Las declaraciones provenientes de Washington exigiendo mayor cooperación en materia de seguridad –incluyendo propuestas que rozan la intervención directa- pusieron a prueba la firmeza del gobierno mexicano. La respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido clara y comedida: México coopera, pero desde la igualdad y el respeto mutuo, y no desde la subordinación. Esta postura no implica ingenuidad ante los problemas reales de seguridad que enfrenta nuestro país. Implica, en cambio, que las soluciones deben construirse desde adentro, con instituciones mexicanas fortalecidas, y no mediante formulas impuestas desde el exterior que históricamente han fracasado y generado mayor inestabilidad.
No obstante, la defensa de la soberanía bajo la presidenta Claudia Sheinbaum no se limita al ámbito militar. Abarca también la dimensión energética y económica. Sostener que los recursos naturales de México como el petróleo, el litio o el agua deben beneficiar prioritariamente al pueblo mexicano es una posición legítima, compartida por otros gobiernos de muy distintas orientaciones políticas e ideológicas en todo el mundo. El fortalecimiento de empresas públicas como PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, con todas las dificultades que implica, responde a una lógica soberanista que busca evitar que decisiones estratégicas para el país queden en manos de intereses foráneos.
México bajo la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado ejercer una política exterior soberana, activa y respetuosa. Ha impulsado el diálogo en conflictos internacionales, ha defendido el multilateralismo y ha posicionado a nuestro país como un interlocutor válido e independiente en América Latina. Esta independencia de criterio –incómoda para quienes prefieren aliados dóciles- es precisamente el ejercicio más genuino de soberanía que cualquier país puede expresar. Defender la soberanía no es una postura anacrónica, ni antiestadounidense, es la condición mínima para que México pueda negociar como igual, construir alianzas duraderas y resolver nuestros problemas con autonomía.
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