En memoria de Papá Ale
Por Ricardo Sevilla
Bajo la maldita excusa de la “seguridad estatal”, el gobierno de Maru Campos le clavó un puñal financiero al pueblo de Chihuahua.
Y es que, sin licitación, sin competencia y sin discusión en el Congreso, el gobierno de Chihuahua endeudó al estado por 4 mil 700 millones de pesos, para construir la dichosa Torre Centinela, que fue el búnker, en Chihuahua, de los agentes de la DEA, del FBI, del CBP y del HSI. Todas agencias de inteligencia estadounidense.
¿Quiere que le explique cómo lo hizo Maru Campos? Pues ahí le voy: en primer lugar, debo decirle a usted que, cuando un gobierno quiere pedir dinero prestado a un banco para pagar una obra muy cara, la ley lo obliga a enviar una propuesta al Congreso del Estado.
Y ahí, en el Congreso, todos los diputados deben discutirlo abiertamente y votar, uno por uno, si autorizan o no esa deuda.
Y para que exista un mayor control de los recursos públicos, ese préstamo queda registrado oficialmente ante la Secretaría de Hacienda (SHCP) para vigilar que el estado no gaste más de lo que puede.
Ya ve usted hay gobiernos ratas, uñas y cleptómanos, como el de la panista María Eugenia Campos.
Pero, en el caso del Proyecto Centinela, el gobierno de Campos se las ingenió y buscó y encontró toda clase de ardides para no utilizar ese procedimiento.
Mañosamente, y para evitar tener que mandar una iniciativa de deuda al Congreso de Chihuahua y someterla a la votación de los legisladores, la administración de Maru Campos optó por firmar directamente un Contrato de Prestación de Servicios.
Y así, bajo este esquema jurídico, el gobierno panista contrató a la empresa SeguriTech Privada S.A. de C.V. (tristemente famosa por sus contratos millonarios y su larga lista de incumplimientos) para que instalara y operara el (casrísimo) sistema de seguridad a cambio de un pago trimestral fijo durante seis años.
Al catalogar este gasto como el pago de un “servicio” y no como un crédito bancario tradicional, el gobierno de Maru Campos pudo comprometer legal, pero tramposamente, más de 4 mil 700 millones de pesos del erario a largo plazo sin la necesidad de que los diputados votaran el proyecto de manera individual en el Pleno.
Lamentablemente, el búnker de la DEA y el FBI en Chihuahua lo terminará pagando el pueblo de Chihuahua.
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