Juan R. Hernández
A medida que se acerca el Mundial de futbol, el ruido crece. No en las canchas, sino en las calles. Diversos grupos buscan hacerse presentes, presionar y, de paso, capitalizar políticamente la vitrina global que representa el torneo. La pregunta es inevitable: ¿quién asumirá el costo de intentar boicotear el Mundial? Porque el daño no será sólo económico.
Hasta ahora no existe un frente articulado, pero sí una suma de causas que convergen en el mismo momento. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya amagó con intensificar movilizaciones; la Asociación Nacional de Transportistas advierte protestas en plena inauguración; el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano prepara acciones para visibilizar el abandono al agro. A ellos se suman colectivos anti-gentrificación, trabajadoras sexuales organizadas, la llamada Asamblea Antimundialista y grupos vecinales que denuncian despojo y especulación urbana.
Cada demanda, por separado, puede ser legítima. El problema es el timing. El Mundial no es sólo un evento deportivo: es un escaparate global que proyecta imagen país. Bloqueos, marchas o acciones disruptivas no sólo afectarían la movilidad o la logística; impactarían la percepción internacional de México como anfitrión confiable.
El costo inmediato recaería en comercios, turismo y servicios. Pero el daño de fondo sería reputacional: inversión que se frena, eventos que se reconsideran, confianza que se erosiona. Y eso no lo paga el gobierno en turno ni los organizadores, lo paga el país.
Nadie niega el derecho a protestar. Pero convertir el Mundial en rehén de agendas diversas puede salir caro. La visibilidad internacional es una oportunidad, no un botín. La presión social tiene sentido cuando construye; cuando sólo busca reventar, termina por cobrarse en contra de todos.
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