Por Ana E. Rosete
La Fiscalía General de la República (FGR) no ejecutará, por ahora, la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitada por autoridades de Estados Unidos, al considerar que no existen elementos suficientes para justificar la urgencia de la medida.
En conferencia de prensa, el Fiscal Especializado de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, informó que la solicitud estadounidense carece de pruebas, argumentos y documentación que permitan sustentar la necesidad de una detención inmediata.
El funcionario detalló que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la FGR pedirá formalmente al gobierno de Estados Unidos que entregue “todas las pruebas, argumentos, informes y documentos” necesarios para poder analizar el caso y emitir una resolución con base en elementos sólidos.
Jiménez Vázquez reprochó además que la difusión pública de la acusación por parte de autoridades estadounidenses pone en riesgo el derecho al debido proceso del mandatario estatal.
Aunque reconoció que tanto el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos como la Ley de Extradición Internacional permiten solicitar una detención provisional sin presentar pruebas, subrayó que esta medida implica una restricción a los derechos humanos, por lo que debe estar plenamente justificada.
“La detención provisional sólo puede otorgarse cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas que acrediten, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la medida”, sostuvo.
El fiscal indicó que, tras revisar el expediente, la FGR concluyó que la solicitud no contiene referencias, fundamentos ni evidencias que expliquen por qué sería impostergable detener al gobernador.
Asimismo, aclaró que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra Rocha Moya, sino únicamente un pedimento de detención provisional como medida cautelar.
En ese sentido, precisó que cualquier decisión futura sobre una eventual extradición corresponderá a la SRE, conforme a lo establecido en el tratado bilateral vigente.
Finalmente, la FGR reiteró que mantiene abiertas investigaciones en territorio nacional sobre los hechos señalados, bajo el marco del derecho mexicano, mientras se espera que las autoridades estadounidenses complementen la información requerida.
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