Lilia González
El Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de México y el Código Penal para prevenir acusaciones falsas contra docentes.
La diputada Leticia Mejía García indicó que si bien, actualmente la acusación o denuncia falsa ya se encuentra tipificada como delito y es sancionada con una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años, de 50 a 500 días multa y hasta mil días multa por concepto de reparación del daño, se considera pertinente endurecer sus consecuencias jurídicas, en el afán de inhibirlas, al respecto, se propone incrementar las penas y sanciones económicas impuestas por ese delito para inhibir su comisión.
En este sentido, propone reformar el artículo 154 del Código Penal para que a quien realice una imputación falsa se le impongan de cuatro a 12 años de prisión, de 500 a mil 500 días multa y hasta cinco mil días multa por reparación del daño.
“La justicia no puede utilizarse como un instrumento de venganza. La iniciativa propone proteger a las víctimas y garantizar la justicia; garantizar el debido proceso y prevenir el abuso del sistema de justicia; protocolos claros de atención y mediación escolar en la Ley de Educación; fortalecer el respeto y dignidad de la labor docente a través de la revalorización de las y los maestros a través de la protección de su honor, crédito y prestigio”, comentó en conferencia de prensa.
A la par, su compañero de bancada, Alejandro Castro Hernández dio a conocer su iniciativa para garantizar los derechos de las personas con discapacidad auditiva.
Para lo anterior, propone reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de México, en su artículo 3, para establecer que los espacios culturales, turísticos y recreativos como teatros, museos, cines y auditorios deberán contar con sistemas de accesibilidad auditiva como bucle magnético, frecuencia modulada (FM), infrarrojos o tecnologías digitales de apoyo, de conformidad con las disposiciones técnicas aplicables.
“La iniciativa está diseñada con responsabilidad, es de implementación gradual, criterio de razonabilidad y aplicación en nuevas construcciones o adecuaciones. La inclusión no puede seguir siendo opcional, hoy podemos dar un paso firme para que la discapacidad nunca más sea motivo para la exclusión en los espacios públicos”, expresó.
La propuesta se sustentó al señalar que el 19.4% de las personas con discapacidad tienen dificultades para oír incluso usando aparatos auditivos, y que más del 33% han sufrido discriminación por su condición.
