Lilia González
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, con Protección Ambiental y Cambio Climático aprobaron 17 iniciativas en materia de protección y bienestar animal.
Las iniciativas fueron presentadas por el Ejecutivo, siete de Morena, cinco por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, dos de Acción Nacional, una de Movimiento Ciudadano y otra del Partido de la Revolución Democrática.
Las iniciativas giraron sobre definir a los animales como seres sintientes y conscientes; incorporar el programa de esterilización de seres sintientes en situación de calle o en condición de abandono, denominado la Mascota del Barrio y se crea un mecanismo jurídico de protección de los binomios mexiquenses.
También se vincula el servicio social con el cuidado y bienestar animal; se expide de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México y sus Municipios; se crea una unidad especializada en delitos de maltrato animal; y se actualiza la expedición de reglamentos de bienestar animal.
Además, regula expediciones de certificados de identificación de seres sintientes, crea un Registro Estatal de Personas Agresoras de seres sintientes, regula la venta de animales y garantiza el libre acceso a espacios públicos de animales de apoyo o asistencia.
“Lo aprobado establece responsabilidades concretar, introduce el concepto de custodia responsable, fortalece la coordinación institucional, se definen mejor las facultades del Estado y municipios y se integran herramientas para prevenir y no solo reaccionar. No basta con ejecutar normas, sino se deben implementar acciones concretas”, señaló la diputada morenista Sandra Santos Rodríguez.
En su momento, la diputada Miriam Silva Mata del PVEM refirió que con lo aprobado en comisiones se establecerá el Registro Único Estatal de Animales, por lo que cada animal contará con una clave de identificación individual, un expediente médico y una persona responsable legalmente vinculada. “Esto permitirá identificar casos de abandono, vincular responsabilidades legales y penales, generar políticas públicas basada en datos, y construir una base de datos estatal confiable”.
