Redacción
Un juez federal otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, con el que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear sus cuentas bancarias incluidas en la lista de personas bloqueadas desde 2019.
La resolución fue emitida por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, quien determinó que el bloqueo de cuentas no cumplió con los criterios legales aplicables.
El juzgador argumentó que la UIF únicamente puede ordenar el congelamiento de cuentas como medida cautelar cuando se trate de cumplir compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
En este caso, precisó, el bloqueo derivó de operaciones de carácter nacional, por lo que no se encontraba vinculado a un procedimiento internacional ni a una solicitud de autoridades extranjeras.
De acuerdo con la sentencia emitida el 31 de marzo, esta situación vulnera el principio de seguridad jurídica, al no estar sustentada en un procedimiento administrativo o jurisdiccional específico.
El juez retomó criterios establecidos previamente por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que limitaban la facultad de la UIF en este tipo de casos.
Por ello, ordenó el desbloqueo de las cuentas aseguradas en 2019, sin que esto implique modificar la situación jurídica de otras personas incluidas en la lista de bloqueos.
Asimismo, la resolución no impide que la UIF emita nuevas determinaciones en el futuro, siempre que estén debidamente fundadas y motivadas conforme a la ley.
Cabe señalar que posteriormente la Suprema Corte validó el congelamiento de cuentas en casos nacionales bajo ciertos supuestos, sin necesidad de solicitud internacional.
Sin embargo, el fallo judicial a favor de Yarrington fue emitido antes de este cambio de criterio, por lo que deberá ser acatado por las autoridades correspondientes.
El caso se mantiene como parte de los procesos legales en curso relacionados con el exmandatario, mientras continúan las investigaciones y posibles acciones administrativas o judiciales.
