Redacción
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) promovió 80 acciones de inconstitucionalidad contra diversos bandos municipales de 2026, al detectar disposiciones que podrían vulnerar derechos fundamentales y principios establecidos en la Constitución.
El presidente del organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, informó que esta determinación se tomó tras el análisis de los 125 bandos municipales de la entidad, realizado por la Unidad Jurídica y Consultiva de la comisión.
De acuerdo con los resultados, en 80 documentos se identificaron artículos que podrían afectar la seguridad jurídica, el principio de legalidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el interés superior de la infancia.
Entre los principales hallazgos se detectaron multas consideradas excesivas y disposiciones que carecen de criterios claros para la aplicación de sanciones, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias por parte de las autoridades municipales.
Asimismo, la CODHEM advirtió que algunos bandos incluyen sanciones sobre conductas que corresponden al ámbito penal, como el maltrato animal, daños ambientales o el uso indebido de sistemas de emergencia, lo que implica una posible invasión de competencias.
El organismo también señaló como preocupante la inclusión de medidas que contemplan la privación de la libertad para menores de edad en el ámbito de la justicia cívica, lo que contraviene principios constitucionales y normas de protección a la infancia.
Otro de los puntos observados es la reincorporación de disposiciones que ya habían sido invalidadas previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que contraviene criterios establecidos por el máximo tribunal.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con fundamento en diversas disposiciones legales que facultan a la CODHEM para este tipo de procedimientos.
Con estas medidas, el organismo busca garantizar que las normas municipales se ajusten al marco constitucional y evitar que disposiciones locales vulneren derechos humanos o generen incertidumbre jurídica en la población.
