REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El silencio institucional y la falta de certezas mantienen en vilo a la comunidad de Santo Tomás Teoloyucan, donde cinco agricultores perdieron la vida en diciembre pasado tras ingresar al canal de riego para abrir una válvula de compuerta.
A casi tres meses de la tragedia, las familias continúan exigiendo que se esclarezcan plenamente las causas de los decesos y que no se cierre el caso con conclusiones parciales.
De acuerdo con la versión oficial más reciente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó la presencia de metales pesados en el líquido del canal.
La titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza, informó que los análisis revelan cargas industriales y orgánicas en los afluentes, pero sostuvo que no existe una relación directa entre la calidad del agua y la muerte de los agricultores.
Como parte de las medidas anunciadas, la dependencia federal señaló que se reforzarán las inspecciones y se destinarán 55 millones de pesos para trabajos de desazolve en ríos de la región, como el Cuautitlán, además de la colocación de señalización restrictiva para prevenir nuevos accidentes.
Sin embargo, para los habitantes de Santo Tomás, estas acciones no responden al fondo del problema. Familiares de las víctimas consideran insuficiente que se descarte únicamente la presencia de metales pesados y reclaman que no se haya investigado con mayor profundidad la posible emisión de gases tóxicos, particularmente los que podrían provenir de la Laguna de Zumpango, señalada desde hace años por su alto nivel de contaminación.
“No basta con decir que no hay metales pesados; queremos saber qué fue lo que realmente mató a nuestros familiares”, expresaron vecinos durante reuniones comunitarias, donde también manifestaron temor de que la tragedia se repita.
A esta incertidumbre se suma que el gobierno municipal de Teoloyucan reconoció no haber recibido, hasta el momento, un informe oficial que determine con claridad las causas de las muertes, situación que incrementa la desconfianza y el enojo social. Para la comunidad, las investigaciones deben ampliarse y traducirse en acciones reales que garanticen seguridad, justicia y verdad para las familias de los cinco campesinos fallecidos.
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