Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Asistentes al encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés reflexionaron este lunes acerca del incumplimiento y los avances de esos tratados suscritos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Juan Carlos Gómez Aranda, quien formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que atestiguó la firma, manifestó que los acuerdos de San Andrés “siguen siendo, en muchos sentidos, una asignatura pendiente. Su trascendencia histórica permanece vigente no solo por lo alcanzado, sino por lo que aún falta por cumplir”.
Añadió que los acuerdos “son un referente indispensable para comprender los desafíos del México contemporáneo en materia de derechos humanos, pluralismo jurídico y democracia intercultural”.
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, señaló que los tratados “son una brújula para el presente y el porvenir”, además de que “representan un hito en la lucha por la justicia social en México”.
El encuentro, que durará una semana, fue inaugurado por la mañana en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), creado precisamente como resultado de los acuerdos de San Andrés, con una ceremonia de origen maya encabezada por autoridades tradicionales, rezadores y músicos del municipio de Chanal.
La directora del CELALI, María de la Flor Gómez Cruz, dijo al dar la bienvenida a los asistentes que el encuentro, organizado por la Unach y esa institución, “ha sido diseñado para abrir espacios de reflexión, análisis y discusión que nos permitan mirar cuál ha sido el caminar después de la firma de los acuerdos de San Andrés; los alcances, los logros y sobre todo los desaciertos”.
Agregó: “si algo nos convoca a encontrarnos hoy es abrirnos a la reflexión crítica, sobre todo porque todavía tenemos mucho qué andar y es necesario mirar nuestro caminar y el horizonte. Estos temas son emergentes y todos los días necesitamos reflexionarlos porque no podemos dar por hecho que con la firma de los acuerdos hemos alcanzo lo que se ha buscado siempre, el Lekil Kuxlejal (el buen vivir)”.
Recordó que el CELALI “nació a partir de una demanda colectiva propuesta por el EZLN, y ahora podemos reflexionar y discutir qué tanto el Estado ha impactado para que este centro siga funcionando, qué compromiso ha asumido para que pueda caminar hacia donde los abuelos y las abuelas creyeron”.
Gómez Aranda, quien se desempeña actualmente como coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del gobierno de Chiapas, expresó que los tratados “representaron uno de los intentos más relevantes del Estado mexicano por atender de manera estructural las demandas históricas de los pueblos indígenas. Plantearon el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como sujetos de derecho público; el respeto a sus formas de organización; el acceso colectivo a la tierra y a los recursos, y su participación en las decisiones que afectan sus territorios y su democracia interna”.
Honrar los acuerdos, subrayó, “no es solo recordar su firma; es asumir su espíritu. Es reconocer que la paz verdadera no se decreta: se construye con justicia social, con desarrollo incluyente y con respeto a la dignidad de los pueblos”, al tiempo de destacar que “San Andrés no es pasado sino es horizonte”.
Chacón Rojas, sostuvo, por su parte, que los documentos firmados el 16 de febrero de 1996 “representan un hito en la lucha por la justicia social en México y surgieron en el contexto del levantamiento zapatista de 1994, que expuso al mundo las profundas desigualdades y marginación que enfrentaban los pueblos indígenas de Chiapas y de todo el país; estos acuerdos fueron el resultado de un diálogo inédito en medio de un conflicto armado”.
Aseguró que “su significado histórico radica en que, por primera vez, el Estado mexicano reconoció formalmente la necesidad de reformar el marco constitucional para incorporar las demandas indígenas. No fueron solo un pacto de paz temporal, sino un acto de reconocimiento a la diversidad cultural y étnica de nuestra nación, que había sido invisibilizada durante siglos”.
En términos de los derechos indígenas, abundó, “el impacto de estos acuerdos ha sido profundo y multifacético; propusieron un nuevo paradigma: el reconocimiento de la autonomía indígena, el derecho a la libre determinación, el acceso a la tierra y los recursos naturales, la preservación de las lenguas y culturas ancestrales, y la participación efectiva en la toma de decisiones políticas”.
Afirmó que “aunque no se implementaron en su totalidad sí inspiraron avances significativos” y “a 30 años, vemos cómo estos acuerdos han empoderado a millones de indígenas, fomentando una mayor visibilidad y agencia en la sociedad mexicana, y sirviendo de referencia para luchas similares en América Latina. Los espacios de representación política para indígenas o el avance de la educación intercultural, no hubiesen sido posibles” sin los tratados.
Comentó que “su incumplimiento parcial también nos recuerda las tensiones persistentes entre el poder central y las aspiraciones locales, urgiéndonos a continuar la lucha por una democracia más inclusiva y equitativa. Este aniversario coincide con reflexiones nacionales sobre avances parciales (como el reconocimiento de pueblos afromexicanos y sistemas normativos indígenas) y pendientes críticos, como conflictos agrarios y disputas por agua. Organizar este congreso en la Unach es altamente pertinente porque Chiapas no es un lugar neutral: Es el origen y corazón del movimiento zapatista”.
