Por Eduardo López Betancourt
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El sistema jurídico mexicano se encuentra hoy más enredado que una madeja imposible de desenredar. Cada vez son mayores las dificultades para acceder a una justicia real, mientras principios elementales del derecho, como el de una “justicia pronta y expedita”, se han convertido en simple letra muerta. Los procedimientos se prolongan durante años, la tramitología se ha normalizado y los llamados juicios orales, lejos de representar un avance, han resultado un fracaso desde cualquier ángulo.
A este escenario se suma un fenómeno alarmante: la llegada masiva al Poder Judicial de personas sin la preparación adecuada. Neófitos, improvisados, algunos audaces y otros francamente indeseables, incluso con antecedentes cuestionables, han ocupado espacios que deberían estar reservados para juristas con sólida formación.
Este deterioro institucional ha ido acompañado de una actitud soberbia, prepotente y abusiva por parte de no pocos juzgadores. Sin señalar nombres completos, por elemental prudencia, es necesario afirmar que todos los tribunales sin excepción, se han convertido en organismos lentos, contradictorios y profundamente distantes del ciudadano.
Dentro de este contexto se inscribe el caso de diversidad de jueces y magistrados. Desde su posición en todos los tribunales, se permite ignorar sistemáticamente a los justiciables, negándoles el derecho fundamental de audiencia. Cuando eventualmente concede una cita, esta suele fijarse con meses de espera. Y cuando finalmente recibe al ciudadano, lo hace con una actitud displicente. No se comportan como magistrados o jueces al servicio de la sociedad, sino como una figura intocable, amparada, según se comenta, por influencias y beneplácitos superiores, lo que refuerza una conducta insolente, irrespetuosa y carente de la mínima cortesía institucional.
Es evidente que México debe aspirar a una justicia auténtica. Cuando un magistrado afirma que resolverá “conforme a derecho”, es legítimo exigirle, a él y a todos sus pares, que los asun-tos se resuelvan no solo con apego formal a la ley, sino con un profundo sentido de justicia. La paz, cada vez más indispensable, solo puede sostenerse sobre una justicia digna, humana y accesible. Cuando esta se corrompe, la posibilidad de una convivencia armónica se aleja.
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