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Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el informe inicial de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre en el kilómetro Z230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca, dentro del Corredor Interoceánico, donde un tren de pasajeros se descarriló, dejando personas fallecidas y lesionadas.

En un mensaje público, la FGR expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, reiterando el compromiso institucional de agotar todas las capacidades de la Fiscalía para lograr justicia, verdad y reparación integral del daño.

Desde el primer día, personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en coordinación con la Fiscalía Federal en Oaxaca y con apoyo de peritos y policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inició la carpeta de investigación y las diligencias correspondientes, incluyendo inspecciones en el lugar del siniestro, atención a personas lesionadas, traslado de cuerpos y trabajos periciales interdisciplinarios.

Diligencias realizadas

Entre las principales acciones de investigación, la FGR informó:

Inspección de la vía férrea en el punto del descarrilamiento y en cinco kilómetros previos y posteriores.

Revisión del tren involucrado, integrado por dos locomotoras y cuatro coches.

Recolección de indicios con cadena de custodia.

Verificación del sistema de acoplamiento.

Levantamiento topográfico del sitio.

Localización, extracción y análisis de la caja negra de la locomotora.

Asimismo, participaron peritos en diversas especialidades, como criminalística, ingeniería, seguridad industrial, telecomunicaciones, topografía, electrónica y expertos en interpretación de datos de la caja negra, además de entrevistas a víctimas y testigos.

Hallazgos técnicos

De acuerdo con el informe, no se detectaron daños previos en la infraestructura ferroviaria ni fallas mecánicas en el tren que pudieran explicar el siniestro. Sin embargo, el análisis de la caja negra reveló que el convoy circulaba a exceso de velocidad.

La velocidad máxima permitida en el tramo del accidente era de 50 kilómetros por hora, pero el tren ingresó a la curva donde ocurrió el descarrilamiento a 65 kilómetros por hora. Además, se documentaron tramos donde alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en zonas donde el límite era de 70.

La FGR explicó que, debido al peso y masa del tren, el exceso de velocidad incrementa la fuerza centrífuga, lo que favorece la pérdida de estabilidad y el descarrilamiento.

Acción penal

Con base en los elementos recabados, la Fiscalía determinó ejercer acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, al considerar que no se cumplieron las normas de operación ferroviaria vigentes.

La FGR señaló que las investigaciones continúan para descartar otros factores y esclarecer plenamente los hechos, reiterando que se trabaja en coordinación con diversas instituciones federales en una Mesa Permanente de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar la atención médica, la clasificación legal de las lesiones y la reparación integral del daño.

Finalmente, la dependencia aseguró que mantendrá informada a la opinión pública, respetando el debido proceso, en el marco del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

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