El OAJ evalúa periódicamente solicitudes de seguridad por amenazas, mientras la SCJN analiza reasignar vehículos blindados a togados en situación vulnerable
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, informó que en cada sesión del Pleno se analizan solicitudes de jueces y magistrados federales que requieren medidas de seguridad debido a amenazas o riesgos derivados de su labor jurisdiccional, principalmente en materia penal.
En conferencia de prensa, Vargas detalló que en sesiones el pleno del OAJ, no solo autoriza, sino también retira esquemas de protección cuando los dictámenes de la coordinación de seguridad determinan que las condiciones de riesgo han disminuido. Actualmente, estimó que alrededor de 40 juzgadores federales cuentan con algún tipo de resguardo.
“En cada sesión autorizamos medidas de protección, ya sea camioneta blindada, chaleco antibalas o escoltas. En algunos casos se otorgan de manera combinada, dependiendo del nivel de riesgo”, explicó. Precisó que hay juzgadores que solo portan chaleco, otros cuentan con vehículo, y algunos disponen de ambos apoyos más escoltas.
Ante la decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar las camionetas blindadas adquiridas en diciembre de 2025, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que estos vehículos podrían ser destinados a jueces que enfrentan mayores amenazas.
“Hemos evaluado junto con el presidente del órgano de administración judicial la solución más viable. El Poder Judicial requiere estos vehículos para proteger a juzgadores en situación de riesgo, por lo que seguramente se reconducirán para ese fin”, indicó.
Esta es la primera ocasión en más de cuatro años que un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación (PJF) ofrece cifras públicas sobre esquemas de protección. En diciembre de 2019, el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reportó que 42 jueces y magistrados contaban con medidas de seguridad, incluyendo vehículos blindados, escoltas y chalecos antibalas.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal reservó esta información por razones de seguridad, decisión que fue ratificada en la administración de la ministra en retiro Norma Piña. Entre 2019 y septiembre de 2021, el PJF destinó más de 2 mil 125 millones de pesos a la protección de sus funcionarios, según informes financieros oficiales.
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