Activistas y trabajadores denunciaron que el retiro de más de 900 animales fue un despojo y no un rescate; acusan intereses inmobiliarios, muertes bajo resguardo oficial y desacato a resoluciones judiciales.
Javier Lether
Ciudad de México.– Decenas de activistas, voluntarios y defensores de animales marcharon este domingo 11 de enero del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir la restitución del Refugio Franciscano y la devolución de más de 900 animales que fueron retirados del predio por autoridades capitalinas.
Entre consignas como “¡Fue despojo, no rescate!”, “La vida no se desaloja, se protege” y “Carmela Rivero, todo por dinero”, los manifestantes acusaron que el operativo no tuvo como objetivo proteger a los animales, sino allanar el camino para apropiarse del terreno donde por décadas operó el albergue.
Javier Todd, integrante del patronato del Refugio Franciscano, sostuvo, en entrevista con Diario Basta, que a estas alturas la exigencia central ya no es el inmueble, sino la devolución de los animales. “Que hagan lo que quieran con el terreno, incluso ya lo vendieron. Lo único que pedimos es que nos regresen a nuestros animales. Eso es lo único que nos importa en este punto”, afirmó.
Todd denunció que el desalojo se realizó con un operativo desproporcionado: “Había más de 40 patrullas, más de 300 elementos. ¿Cuándo han visto un operativo de ese tamaño en México contra animales indefensos y trabajadores de un refugio?”. Añadió que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, primero dijo que no tomaría partido por tratarse de un conflicto entre particulares, pero horas después “teníamos a media policía de la Ciudad de México afuera”.
El también rescatista acusó que los animales fueron trasladados en condiciones indignas. “Los sacaron en camiones de cascajo, como si fueran basura. Los metieron en transportadoras y vámonos. Ni siquiera estuvieron los influencers que tanto hablaron del bienestar animal para calmarlos o ayudar en el traslado”, reprochó.
Todd aseguró que bajo el resguardo de la Fundación Haghenbeck y de las autoridades ya se reportaron entre 21 y 27 muertes de animales. “Cuando hablamos de números se nos olvida que estamos hablando de seres vivos. Cada uno tiene nombre, historia, expediente. No son zapatos ni cosas”, dijo. Relató incluso que algunos perros habrían sido encontrados muertos dentro de transportadoras o en costales.
También acusó que se está construyendo una narrativa para culpar al refugio de maltrato animal. “Ahora resulta que los maltratadores somos nosotros. Maltrato es lo que hacen los que tiran perros muertos o los que los queman. Nosotros recibimos perros de la propia procuraduría y de la policía porque los iban a sacrificar”, señaló.
El activista y naturalista Arturo Islas Allende, quien también se sumó a la denuncia, explicó que el conflicto tiene un fondo claramente económico. Recordó que el terreno fue destinado en un testamento para la protección de animales, pero desde hace años se ha intentado vender para un desarrollo inmobiliario. “Desde 2015 ese predio se quiere vender. Para poder venderlo, lo primero era sacar a los perros, y eso era lo más difícil legalmente”, afirmó.
Islas sostuvo que la Fundación Haghenbeck primero apoyó económicamente al refugio, pero después lo dejó de hacer “para asfixiarlo” y preparar el terreno para el desalojo. “Te dejo sin dinero, te debilito, te golpeo mediáticamente y luego te saco. Así operaron”, dijo.
El activista también criticó la forma improvisada en que se realizó el retiro de los animales. “Ahorita hay perros encerrados en kennels desde hace más de 80 horas. Ni el gobierno ni la fundación saben manejar una situación con 900 o mil animales. Esto fue una irresponsabilidad brutal”, afirmó. Agregó que muchas de las muertes ocurrieron después del traslado, no antes.
“Ni los franciscanos son unos santos ni los Hagenbeck son unos santos, pero al final del camino los únicos que están pagando son los animales”, resumió.
Por su parte, Ethel Herrejón, de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas, sostuvo que el operativo constituye un desacato a una orden judicial y exigió que tanto la Fundación como las autoridades capitalinas se hagan responsables legal y penalmente de lo ocurrido. “Había un amparo y no lo respetaron. Fue un despojo. Sacaron a los animales para poder apropiarse del terreno y meter las máquinas. Hoy no sabemos con certeza dónde están todos ni en qué condiciones”.
Durante la marcha, los manifestantes insistieron en que el conflicto no puede resolverse a costa del sufrimiento de los animales y exigieron a la jefa de Gobierno que se cumplan las resoluciones judiciales y se devuelvan los animales al refugio o a quienes puedan garantizar su cuidado.
“Los animales ya sufrieron abandono, maltrato y ahora están viviendo otra tortura”, dijo Todd. “Lo único que pedimos es que se respete la ley”.
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