Por Juan R. Hernández
La presentación de la Guía para fortalecer la relación policía-prensa llega en un momento preciso: cuando la confianza entre instituciones y ciudadanía enfrenta tensiones y cuando ejercer el periodismo en la capital sigue siendo un desafío. Que la SSC, Artículo 19 y el DCAF trabajaran dos años en este documento no es un dato menor; es, más bien, un reconocimiento implícito de que la relación entre policías y periodistas requiere algo más que protocolos: necesita reconstrucción. La prensa y la fuerza pública comparten territorio, pero no siempre se reconocen como actores indispensables de una democracia.
El que la guía incluya la voz de reporteros y la experiencia internacional —con apoyo incluso de la Embajada de Alemania y de la Policía Nacional de Colombia— muestra que el problema es estructural, no anecdótico. Tanto policías como periodistas cargan con estigmas y presiones. Ponerlos a dialogar, comprender funciones y derechos, podría ser un pequeño gran paso hacia una convivencia menos áspera.
En paralelo, mientras se busca profesionalizar la relación entre instituciones y medios, en el Congreso capitalino surgió otra discusión con aroma a modernización urbana: la propuesta del diputado Israel Moreno para retirar las casetas telefónicas en desuso. Tiene razón cuando señala que, en vísperas del Mundial 2026, la Ciudad de México no puede darse el lujo de convivir con reliquias oxidadas que solo generan estorbo y focos de infección. Lo que alguna vez fue símbolo de avance tecnológico hoy es chatarra urbana.
Y si de modernizar se trata, la reforma presentada por la diputada Elizabeth Mateos abona en otra dirección necesaria: impedir que instituciones públicas contraten a empresas sancionadas por discriminación. Parece obvio, pero en la práctica no lo es. Desde los Principios Rectores de la ONU en 2011, se insiste en que las empresas deben respetar derechos humanos. Que la capital decida plasmarlo en su legislación es un recordatorio de que el progreso no solo se mide en infraestructura, sino en ética pública.
Tres agendas distintas, un mismo mensaje: modernizar no es solo cambiar la ciudad, sino cambiar la forma en que sus instituciones se relacionan con quienes la habitan y la narran.
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