La administración de la presidenta municipal Ana María Castro enfrenta investigaciones por adjudicaciones directas que superan los 70 millones de pesos a una misma empresa
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
El gobierno de Tultitlán enfrenta cuestionamientos públicos durante este 2025, derivados de investigaciones oficiales, denuncias ciudadanas y reportes de distintos sectores de la población. Vecinos, comerciantes y organizaciones civiles señalan “inconsistencias” en el trabajo de áreas como Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y la Coordinación de Gobierno.
De acuerdo con información documentada, la administración encabezada por la presidenta municipal Ana María Castro Fernández es investigada por presuntas irregularidades en adjudicaciones directas y licitaciones con un solo proveedor, que superarían los 70 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abierta una carpeta relacionada con la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan, operación cuestionada por falta de escrituras y posible simulación.
Cabe recordar que meses atrás, habitantes de las colonias Fimesa I, II y III realizaron protestas, bloqueos y asambleas vecinales para rechazar el cambio de nomenclatura aprobado por el ayuntamiento. Los residentes afirman que la medida se tomó sin consulta pública y denunciaron el uso de la fuerza pública para retirar letreros instalados por la propia comunidad.
Lo anterior se suma al actual descontento en el sector comercial, donde empresarios y pequeños negocios reportan presuntas clausuras arbitrarias y exigencias de pagos irregulares por parte de inspectores municipales. Las denuncias apuntan a posibles actos de extorsión dentro de las áreas encargadas de regulación y supervisión.
A estas inconformidades se suman señalamientos por un incremento de delitos en zonas habitacionales e industriales del municipio. Vecinos de diversas comunidades han exigido reforzar patrullajes y atender robos, agresiones y hechos de violencia registrados este año, al considerar que la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Derivado de estas denuncias acumuladas, organizaciones locales han solicitado a instancias estatales y de fiscalización revisar la actuación de las dependencias municipales. Su petición busca que se garantice transparencia, rendición de cuentas y una revisión integral del desempeño del gobierno local durante 2025.
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