La Corte del bienestar se apresta a acuchillar el endeble Estado de derecho en el país con la decisión de inventarse la facultad de reabrir todos los casos juzgados sobre los que ya existe una sentencia firme.
El derecho mexicano siempre consideró que las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran inatacables, cosa juzgada pues.
Pero los nuevos ministros del bienestar, Lenia Batres (más que obvio), Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar e Irving Espinosa, es decir, cinco de nueve, se sacaron de la túnica que su Corte si puede revisar cualquier caso sentenciado por Cortes anteriores.
Si eso ocurre, los ministros del acordeón estarán decapitando un precepto fundamental para la paz del país, en todos los temas, que es nada más la certeza jurídica que cualquier persona requiere para sentirse seguro.
Se entiende que los ministros del bienestar que están a favor de este bodrio, lo hacen a petición de parte y buscando reactivar casos que le generen a sus patrocinadores algún tipo de beneficio político o mediático.
Lo que no se entiende, es cómo la presidenta Claudia Sheinbaum podría dejar pasar semejante atrocidad jurídica, cuando los inversionistas nacionales y extranjeros, y los ciudadanos comunes reclaman certeza jurídica.
Solo la ministra Yasmín Esquivel se atrevió a publicar una crítica severa a esta intención malintencionada de cinco togados.
“Mucho se ha criticado a esta Suprema Corte por atribuirse facultades que no tiene; más preocupante debe ser que la propia Corte invente instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró’’.
La ministra también exigió que se respeten los principios de “legalidad certeza y seguridad jurídica como elementos para mantener la paz social y el equilibrio.
“Asumir la posibilidad de que todos los juicios puedan revisarse a pesar de contar con una sentencia firme, genera un riesgo en la certeza que tienen los gobernados al acudir a los órganos de justicia’’.
Efectivamente, sin certeza y seguridad jurídica, el país se suicidará.
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Trece son los implicados en un nuevo escándalo de huachicol, pero esta vez aderezado con tráfico y venta de drogas y armas, en el que está
involucrado el director de Miss Universo México, Raúl Rocha Cantú.
Rocha tiene una orden de aprehensión en contra, pero antes de que fuera cumplida, corrió a la Fiscalía General de la República a negociar “un criterio de oportunidad’’, es decir, convertirse en testigo protegido (denunciar a sus cómplices) a cambio de recibir una condena menor o incluso de no pisar la cárcel.
De los 13 involucrados, solo se ha ejecutado una orden de aprehensión en contra de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, fiscal especial en Investigación de Delitos en materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FEMDO.
Rocha Cantú sigue libre… por el momento.
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Estamos de acuerdo en que Cuauhtémoc Blanco es indefendible, por el lado que lo quiera ver.
No solo dejó en la ruina al estado de Morelos sino que sus escándalos vinculados a abusos sexuales (de los cuáles lo rescataron morenistas y sus rémoras) lo han marcado más que sus éxitos deportivos.
Pero, de eso a que la diputada Martha Aracely Cruz, del PT, interpusiera una queja (denuncia, dicen) ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados “por violencia simbólica’’ porque el exfutbolista le respondió mandándole un beso a un grito de la legisladora, hay una gran diferencia.
Al rato habrá quejas y denuncias por “violencia imaginaria’’.
@adriantrejo
