Redacción
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos. La minuta obtuvo 450 votos a favor en lo general, sin sufragios en contra ni abstenciones, y 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención en la discusión de los artículos reservados.
El dictamen regresó del Senado con modificaciones a diversos artículos de la nueva ley y ajustes en disposiciones de los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde la Mesa Directiva se precisó que, conforme al artículo 72 constitucional, la discusión en San Lázaro se limitó a los cambios introducidos por la colegisladora.
La nueva Ley General fija penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización para quien obligue, sin derecho, a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o provocando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Las sanciones aumentan entre cuatro y ocho años cuando la extorsión se vincula con cobro de cuotas, uso del sistema financiero, empleo indebido de instituciones públicas o privadas para coaccionar, o aprovechamiento de situaciones de riesgo o procedimientos legales.
El marco aprobado agrava las penas entre cinco y doce años adicionales cuando el delito se comete mediante dispositivos, servicios o plataformas de telecomunicaciones y aumenta de siete a diecisiete años cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos, o se afecta de manera directa la economía de una comunidad. Además, establece sanciones de 10 a 20 años de prisión y multas de 200 a 400 UMAS para servidores públicos que omiten denunciar estos delitos, y prevé castigos mayores para quienes facilitan medios o condiciones para su comisión. Las personas sentenciadas por extorsión quedan excluidas de beneficios de libertad anticipada, sustitución o conmutación de pena y de cualquier esquema preliberacional.
Durante la discusión, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que en un sistema bicameral la revisión de los actos de la colegisladora forma parte de la normalidad institucional y no debe generar agravios. Rechazó expresiones que vinculan a gobiernos o legisladores con el narcotráfico y se definió como “garantista”, al advertir que el simple aumento de penas no resuelve por sí mismo la problemática de seguridad, y que se requieren también condiciones económicas y sociales distintas para reducir la comisión de delitos.
Desde la bancada del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño afirmó que el Senado corrigió la redacción del artículo 17, fracción quinta, para precisar que el agravante se refiere al uso de servicios de telefonía y sistemas de telecomunicaciones, y no a “medios de comunicación” en sentido amplio. Por el PVEM, Ricardo Madrid Pérez consideró acertada esa precisión y destacó la obligación de los tres órdenes de gobierno de diseñar una estrategia nacional contra la extorsión basada en diagnósticos claros y acciones coordinadas.
Legisladores del PT, como Mary Carmen Bernal Martínez y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, calificaron la minuta como un instrumento más técnico y con mayores herramientas para enfrentar la extorsión. Señalaron que el artículo 18 permite imponer penas de hasta 42 años de prisión a servidores públicos y líderes criminales involucrados, sin beneficios de preliberación, y la ubicaron como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y depuración de cuerpos de seguridad.
Por el PRI, Emilio Suárez Licona reconoció avances, como la persecución de oficio del delito, pero advirtió la ausencia de previsión presupuestal para fondear la estrategia y reforzar a policías estatales y municipales. Recordó que las penas base se incrementaron a un rango de 15 a 25 años de prisión y cuestionó la eliminación total de beneficios a las personas sentenciadas, al considerar que se mantiene una lógica punitiva que no garantiza por sí sola eficacia, aunque anunció el voto a favor de su bancada con la expectativa de resultados concretos.
