Por Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
Poco a poco van saliendo los nombres de los presuntos responsables de la violencia desatada en la marcha de la supuesta GenZ, en donde destacan los nombres de Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, declaraciones públicas de algunos asistentes acusan a la alcaldesa de presionar con quitar apoyos sociales o impedir a los comerciantes públicos los permisos , a cambio de su asistencia certificada a la marcha, ejércitos de bots, trolls, desinformadores y creadores profesionales de caos y violencia han sido contratados para romper la manifestación, armados con elementos profesionales para cortar, trepar y agredir; vándalos a sueldo que aprovechan la voz legítima de los jóvenes para manifestarse e intentar construir una narrativa de caos, generar miedo y provocar imágenes que apoyen a los apátridas los “gritos de ayuda” a Trump para intervenir en nuestro país y deponer a un gobierno que no les es afín. En una semana, muchas cosas han salido a la luz; los jóvenes GenZ siguen desmarcándose y al menos un par de contratos con cantidades millonarias han sido firmados por el panismo, no a empresas, sino a particulares, jóvenes que se dicen “apartidistas” pero que al menos uno de ellos, ha sido conectado con redes panistas y priistas. A la par, los medios corporativos, usan sus concesiones para mentir descaradamente y azuzar a sus audiencias. Un clima en el que jóvenes se vuelven desechables -hasta ahora 29 detenidos, 13 vinculados a proceso- carne de cañón a los que sus empleadores no les importa si viven, mueren o se pudren en prisión.
Ante esto, el diputado morenista Paulo Emilio García González exhorto a los titulares de la Fiscalía para que se investigue a fondo a los instigadores y autores intelectuales de esa que, más que una legítima marcha, fue un fallido intento golpista; su exhorto no fue solo a la
Fiscalía, sino también a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, el primero para formar una comisión investigadora de los hechos y la segunda, para investigar hechos de coacción a funcionarios y comerciantes de estas alcaldías. Los hechos deben esclarecerse a la brevedad y proceder con todo el peso de la ley para impedir que este tipo de grupos, políticos y concesionarios siguan incitando a cometer actos delictivos con engaños, dinero o extorsión.
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