Todos los intentos por desacreditar la marcha del pasado 15 de noviembre, parecen más una provocación que una reflexión sobre sus causas y desde luego sus consecuencias.
Imágenes de policías de la CDMX cebándose en manifestantes caídos, ninguno de ellos embozado o con la vestimenta típica de los miembros del llamado bloque negro, quitando teléfonos celulares como si con ello se borraran las miles de evidencias del uso excesivo de fuerza.
Fuerza que no se vio en la “marcha buena’’ del 2 de octubre, en la que saquearon joyerías y enviaron al hospital con lesiones graves a 100 policías.
La aplicación selectiva de la fuerza policial es una característica de las dictaduras, como se ha visto en la historia reciente de Latinoamérica.
Casi dos decenas de detenidos, acusados de delitos que van desde el intento de homicidio (¡háganos el favor!) hasta resistencia de particulares; ¿quién defenderá a los detenidos que ahora asumirán un status de presos políticos con las consecuencias legales y de imagen que tendrá el México mundialista?
¿De que le sirve a Clara Brugada acusar a la “oposición’’ de promover y organizar la marcha? ¿No es eso normal en el país “más democrático del mundo’’?
¿De que le sirve mandar a César Cravioto “informar’’ que participaron 17,000 personas en una manifestación infinitamente más concurrida que sus números maquillados?
¿Qué gana la presidenta Claudia Sheinbaum afirmando que “son invencibles pueblo y gobierno”? ¿De qué parte del pueblo habla?
Quienes asesoraron a la Presidenta -y de ahí para abajo- para construir una narrativa que choca con las imágenes vividas y transmitidas, se equivocaron al azuzar a los marchistas (que no solo fueron jóvenes de la Generación Z, desde luego) que retomarán, en un día particularmente riesgoso (el 20 de noviembre), sus demandas y protestas.
Todo pudo haber quedado en una condena pública a la violencia, pero había que ganar en las redes la batalla por la plaza de la narrativa, imponer una visión por lo demás contradictoria y dejar constancia que la aplicación de la fuerza es selectiva.
El país más democrático del mundo no aguantó una marcha pacifista, reventada por grupos presuntamente anarquistas, pero al servicio de intereses que los sigan subsidiando.
No perdió el Gobierno, ni la G-Z, perdió el país.
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Con la novedad de que el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, determinó vincular a proceso a José Antonio Sánchez Ortega, presunto “segundo tirador’’ en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El sábado pasado se llevó a cabo la audiencia de vinculación y para este juez, que había solicitado la orden de aprehensión una semana antes, la Fiscalía General de la República acreditó suficientemente la responsabilidad de Sánchez Ortega.
La orden de aprehensión fue solicitada por la FGR luego de que una testigo, ¡25 años después!, declarara “haber visto’’ al hoy detenido y a Mario Aburto reunirse días previos al homicidio.
Y aunque, el caso parece un burdo montaje, podría ser la entrada para ahondar en las investigaciones sobre la participación de políticos priistas más encumbrados en los hechos que convulsionaron al país en marzo de 1994.
¿Le suena algún nombre?
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El Gobierno de México aceptó modificar la distribución de slots en el aeropuerto de la capital, como respuesta a la acusación de Estados Unidos sobre violaciones al T-MEC en materia de aeronáutica.
Como sabe, hace unas semanas Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas nacionales hacia su territorio debido a que López Obrador decidió unilateralmente enviar los vuelos de carga al AIFA.
Parece que Trump nos dobló la mano.
@adriantrejo
