Guadalupe de la Cruz
En un intento por recuperar terreno político y mostrar una agenda de oposición con peso, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lilia Urbina Salazar y Mariano Camacho San Martín colocaron en el centro del debate legislativo dos iniciativas que buscan fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y crear una instancia especializada contra el cobro de piso.
en conferencia de prensa, Urbina Salazar afirmó que su propuesta busca frenar la impunidad, un tema que, dijo, el actual gobierno no ha logrado contener. “Nueve de cada diez delitos quedan sin castigo en el Estado de México. Esta situación lastima a las familias y desalienta la denuncia”, sostuvo la diputada, al enfatizar que la Fiscalía opera con un presupuesto limitado y sin el personal suficiente para atender más de seis millones de delitos registrados solo en 2023.
Con la iniciativa del PRI, la FGJEM contaría con un presupuesto mínimo e irreductible del dos por ciento de los ingresos ordinarios estatales, lo que habría significado más de dos mil millones de pesos adicionales para 2025. “La justicia no puede depender de los recursos sobrantes. Reducir la impunidad es una decisión política, no contable”, subrayó.
Por su parte, el diputado Mariano Camacho San Martín presentó una iniciativa que busca endurecer la lucha contra la extorsión, en especial el cobro de piso, delito que —dijo— “ha convertido al miedo en un impuesto cotidiano para los comerciantes y transportistas”. Propuso crear una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión y unidades municipales coordinadas con la Universidad Mexiquense de Seguridad.
“El PRI no solo denuncia, propone soluciones. Queremos que este delito se persiga de oficio y que las autoridades actúen sin esperar una denuncia formal. Solo así se romperá el círculo de impunidad”, afirmó.
El legislador prista por el Distrito 35, destacó que entre 2010 y 2023 se registraron 22.6 millones de extorsiones en el país, pero apenas 102 mil se denunciaron.
Ambos legisladores coincidieron en que la seguridad y la justicia deben asumirse como políticas de Estado, no de partido.
No obstante, sus iniciativas también envían un mensaje político: el PRI busca posicionarse nuevamente como una fuerza con propuestas frente al discurso de austeridad y centralización que ha caracterizado al actual gobierno mexiquense.
