Como argumento retórico, la decisión de atacar las causas de la inseguridad mostró su eficacia al comenzar el Gobierno del presidente López Obrador: la pobreza regional, en efecto, alimentaba la penetración del crimen organizado en comunidades sociales marginadas del desarrollo.
Pero había otras causas que también se habían identificado pero a las que no se les dio la importancia requerida -por razones obvias de la responsabilidad pública-: las organizaciones delictivas contaron con la complicidad del aparato gubernamental en todos sus niveles, y la prueba está todavía a la vista cuando el Cártel de los mariguaneros de Guadalajara en 1984-1985 -que secuestró y asesinó al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar- estaba protegido por la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.
Y queda una tercera argumentación sobre las causas: el compromiso gubernamental como convicción o como bandera o como demagogia se puede establecer como banderola de compromiso de altos funcionarios de Gobierno y convertir la lucha contra la inseguridad en una causa de la sociedad.
Reducir el tema de la causa sólo a la existencia del abandono público durante muchos sexenios como argumentación para explicar el auge del crimen organizado en zonas territoriales del Estado, sin duda que es válido pero insuficiente.
Detrás, al lado o adelante de esas causas debe estar la decisión del sector público federal de diagnosticar el origen de la inseguridad en el primer piso: quién facilitó la organización de las bandas, quiénes son responsables a nivel local de su crecimiento, dónde se puede localizar la responsabilidad federal que permitió que un grupo de mariguaneros llegar a nada dispersarse en cuando menos nueve cárteles del crimen organizado que controlan la producción, distribución local y exportación de droga y muchos otros delitos.
Las causas son importantes, pero un diagnóstico real debe mostrar el origen del crimen organizado.
Zona Zero
El Plan Michoacán debe reconocer la capacidad dinámica del Estado federal para responder a una crisis de seguridad como la provocada por el asesinato del alcalde michoacano, Carlos Manzo. Pero lo que debe venir de inmediato es un nuevo o ajustado Plan Nacional de Seguridad, porque el tema de la violencia provocada por bandas del crimen organizado ya contaminó a todos los estados de la República. La crisis en Michoacán debiera ser el detonador de un relanzamiento de la estrategia nacional de seguridad pública en modo de seguridad interior.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
