Al menos tres gobiernos de diferentes partidos han intentado resolver el problema de la violencia en los municipios de Michoacán sin buenos resultados.
Con distintos enfoques, los partidos PAN, PRI y ahora Morena, intentaron durante sus periodos de gobierno mejorar las condiciones de la población y los productores. Pero la verdad es que la zona sigue emproblemada con dinámicas arraigadas donde el crimen y la dinámica laboral, de gobierno y de ciudad se entrelazan.
El reto principal del gobierno es detectar y erradicar los delitos que no saltan a la vista. Esos que ya están incorporados al sistema y que se alimentan con el crecimiento de los productores y de las comunidades. La extorsión por ejemplo, hasta ahora ha tenido una presencia constante y hasta cierto punto no medida.
Porque en específico la dinámica de ese delito es que permanezca sin contabilizarse. Que la impunidad sea suficiente para que los productores estén obligados a incorporar los pagos en sus cálculos de fabricación, haciéndose parte silenciosa del sistema.
Este domingo, una semana después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la paz y la justicia, un esfuerzo por resolver varios de los problemas en el estado.
En este plan federal se anunciaron 12 ejes y más de 100 acciones para atajar los problemas, atender las carencias de infraestructura carretera, salud, educación. Casi la totalidad del gabinete estuvo presente para anunciar programas y planes ya existentes y otros que apenas se propusieron.
Hasta ahí la dinámica tiene sentido, se puede ver que el alcance es mayor al plan que se propuso con Enrique Peña en 2014, “Plan Michoacán, Juntos lo vamos a lograr”, donde apenas se incluyeron cuatro municipios y acciones distribuidas en tres ejes.
En el plan de Enrique Peña uno de los ejes principales fue “mejorar las condiciones económicas” y el otro fue integrar a los grupos de autodefensa a la vigilancia del estado.
Ninguna de las dos cosas funcionó como debería. Los grupos de autodefensas, armados por el propio gobierno terminaron en una lucha interna sin cooperación entre sus células, con infiltraciones del crimen organizado y sin una coordinación con el gobierno federal.
La reactivación económica terminó por estar también enlazada con los grupos del crimen organizado. Lo que ligó los avances de los productores con el crecimiento de los cárteles.
Esta vez el gobierno promete conversaciones cercanas y permanentes con los productores y con las autoridades locales de los estados. Aunque en ambos casos uno de los problemas permanentemente denunciados es la extorsión, no hubo una línea del programa para atenderlo.
Y aquí la duda genuina, ¿cómo hacemos para solucionar los programas de raíz cuando no se enumeran todos?
Esperemos que las mesas diálogo abran un canal de confianza con los actores y las autoridades y se logre recuperar la paz en ese territorio.
@Micmoya
