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Con el objetivo de reconocer y garantizar la atención a personas en situación de calle, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso capitalino, Royfid Torres, propuso expedir la Ley para la Protección de Derechos de Poblaciones Callejeras.

En tribuna, el legislador emecista señaló la urgencia de que la Ciudad de México reconozca a las poblaciones callejeras como parte su comunidad política, como sujetos plenos de derecho.

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“Las poblaciones callejeras no son individuos aislados, son comunidades que han desarrollado formas de convivencia estratégica, de supervivencia y modos propios de organización, con historias, vínculos e identidad; reconocerlo es el primer paso para avanzar hacia un enfoque de derechos humanos y de cuidados”, afirmó.

¿En qué consiste la Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejera?

La iniciativa contempla medidas desde el derecho a la identidad, la obligación del estado para su reintegración, cambio en la denominación y principios para establecer políticas públicas a favor de dicho sector.

Entre los cambios propuestos destacan el establecer la obligación de impulsar la reintegración a la sociedad, dando seguimiento y apoyo para que se continúen rehabilitando y se les ofrezcan las mismas opciones de capacitación, salud, educación y ofertas laborales con la finalidad de no regresar a su vida en las calles.

La Ciudad de México no puede ser una verdadera ciudad de derechos si no garantiza que todas las personas tengan acceso a ellos; por ello queremos que las poblaciones callejeras vivan con el respeto y la dignidad que merecen, queremos #QueLaCalleNoLesCalle. pic.twitter.com/ro1Zniw0HG

— Roy Torres (@royfid) November 6, 2025

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También una definición de persona perteneciente a las poblaciones callejeras, entendida como aquella que carece de residencia y hace de la calle su lugar para vivir de forma permanente o transitoria, sin trabajo e ingresos fijos o suficientes y se encuentra en exclusión social.

De igual manera, establece principios para la elaboración de políticas públicas en derecho a la identidad, para que puedan tramitar actas de nacimiento o credenciales del INE y, de tal manera, tener acceso a vivienda, educación, trabajo, salud, acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

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