Redacción
La diputada Elena García Martínez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución del Estado de México el derecho humano a la protección de la salud y, al mismo tiempo, prohibir toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como con la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y fentanilo de uso ilícito.
La propuesta busca adicionar un párrafo al texto constitucional estatal con el fin de garantizar que la entidad promueva el bienestar físico, emocional y social de las personas, e impida el ejercicio de profesiones, industrias, comercios o actividades vinculadas con dichos productos y sustancias.
Con esta reforma, la legisladora pretende armonizar la legislación mexiquense con la Constitución federal, modificada el 2 de diciembre de 2024 y publicada el 17 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha norma nacional establece la prohibición del ejercicio de profesiones y actividades relacionadas con los vapeadores y el fentanilo ilícito, además de imponer sanciones a quienes participen en su producción, distribución o enajenación.
El decreto federal otorgó un plazo de 365 días naturales a las entidades federativas para adecuar sus marcos jurídicos, motivo por el cual la diputada García Martínez propuso esta modificación ante el Congreso local. La iniciativa también prevé que, una vez aprobada, el Poder Legislativo del Estado de México contará con 180 días naturales para elaborar las leyes secundarias correspondientes.
Durante la sesión, la legisladora expuso que el consumo de drogas representa un problema de salud pública con efectos severos en el organismo y en la conducta de quienes las consumen. En particular, señaló que los vapeadores, al no estar regulados en su fabricación ni en sus componentes, facilitan el acceso a sustancias adictivas sin control de calidad, lo que incrementa los riesgos sanitarios.
Sobre el fentanilo, García Martínez subrayó que su consumo y tráfico constituyen una amenaza creciente que debe enfrentarse mediante políticas firmes de prevención, atención y combate a las redes de distribución ilícita. “Es necesario actuar desde la raíz para proteger la salud de la población y evitar que estas sustancias sigan cobrando vidas”, indicó.
La diputada señaló que la iniciativa refuerza el compromiso del Congreso local con la salud pública, la seguridad y la armonización normativa con los lineamientos federales. Con ello, dijo, se busca fortalecer el marco jurídico estatal para atender las problemáticas derivadas del consumo y comercio de drogas sintéticas.
