Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del contraalmirante Fernando “N.”, de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que nuevamente se ausentó de la audiencia programada este miércoles en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, donde enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como “huachicol fiscal”.
La diligencia se llevaría a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, junto al penal de máxima seguridad del Altiplano; sin embargo, ni el imputado ni su defensa acudieron al llamado del juez de control, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar un nuevo mandamiento judicial para garantizar su comparecencia. Posteriormente, se realizó una audiencia privada en la que la FGR formalizó la petición, aunque hasta el cierre de la sesión no se había informado si el juez concedió la orden.
Fernando “N.” es considerado prófugo de la justicia desde que le fue negado el amparo con el que pretendía evitar su detención. Su proceso judicial se mantiene interrumpido por las reiteradas inasistencias y los aplazamientos. La primera audiencia se había fijado para el 2 de octubre, luego se pospuso al 20 del mismo mes y posteriormente para este 5 de noviembre, sin que el acusado se presentara en ninguna de las fechas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el contraalmirante Fernando Farías Laguna es señalado por su presunta participación en una estructura que habría ingresado a México cargamentos de combustible mediante fracciones arancelarias falsas, simulando tratarse de aceites o aditivos industriales para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La organización, identificada por la FGR como “Los Primos”, operó entre 2023 y 2025 en los puertos de Altamira y Tampico, con la colaboración de empresarios, funcionarios de aduanas y mandos navales. Las investigaciones estiman que la red obtuvo beneficios superiores a los 150 millones de dólares, mientras que las pérdidas para el erario fueron de magnitud similar.
Los informes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan que la red manipulaba pedimentos de importación y triangulaba recursos mediante empresas nacionales y extranjeras para ocultar el origen del combustible ilegal.
