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Redacción

El Órgano de Administración Judicial notificó al Senado de la República la renuncia del juez federal Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien había asumido el cargo hace apenas dos meses en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco. La vacante deberá ser ocupada por la persona que sigue en la lista de ganadores del proceso de elección realizado en junio pasado.

De acuerdo con el oficio fechado el 29 de octubre y firmado por César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del pleno del Órgano de Administración Judicial, el acuerdo de aceptación de la renuncia fue aprobado por unanimidad durante una sesión ordinaria. El documento fue recibido por el Senado el 30 de octubre y notificado oficialmente al pleno este martes.

“El pleno, en votación económica y por unanimidad, acordó tener por recibida, en sus términos, la renuncia del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande”, precisa el escrito remitido a la Cámara alta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Javier Corral, será la encargada de analizar el caso y emitir el dictamen correspondiente para determinar quién ocupará el cargo vacante.

Con esta renuncia, el Senado ejercerá por primera vez la facultad que le confiere el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de dimisiones de juzgadores federales. Aunque existe un vacío legal sobre la institución responsable de realizar el llamado a quien debe sustituir al juez, la Cámara alta deberá resolver el procedimiento mediante un acuerdo.

Aguirre Hernández, quien inició su trayectoria como oficial en un juzgado antes de ser electo juez federal por votación popular, había sido designado en septiembre pasado para desempeñarse en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, una de las sedes judiciales más relevantes del estado de Jalisco.

La dimisión ocurre en el contexto de un proceso de reorganización del Poder Judicial Federal y de recientes decisiones del Senado en torno a las licencias y nombramientos de jueces y magistrados. Apenas el 17 de septiembre, el pleno legislativo había rechazado una licencia de siete meses solicitada por la jueza Irlanda Pacheco Torres, al considerar que disponía del tiempo necesario para entregar sus funciones en el área de aduanas, cargo que desempeñaba antes de su elección.

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