La crisis diplomática entre Perú y México escaló este lunes luego de que el gobierno anunciara la ruptura de relaciones bilaterales tras conocerse que la ex primera ministra Betssy Chávez obtuvo asilo político en la embajada mexicana en Lima. El canciller Hugo de Zela calificó la decisión como “un acto inamistoso” y acusó a México de intervenir reiteradamente en los asuntos internos del país andino.
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“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (México) han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas”, declaró De Zela en conferencia. La medida implica el retiro inmediato de las misiones diplomáticas y el congelamiento de los canales políticos bilaterales, en un contexto de creciente tensión regional.
Chávez, de 36 años, enfrenta un juicio por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido en diciembre de 2022. Abogada y ex militante de Perú Libre, fue la persona más joven en asumir la presidencia del Consejo de Ministros en la historia del país. Su breve gestión terminó tras la destitución de Castillo, y desde entonces ha sido acusada de rebelión y conspiración, delitos que podrían acarrearle hasta 25 años de prisión.
Origen de la crisis entre Perú y México
El proceso contra Chávez ha estado marcado por huelgas de hambre, denuncias de tortura y acusaciones de corrupción penitenciaria. En julio inició una protesta indefinida desde el penal de Chorrillos y, en septiembre, el Tribunal Constitucional le concedió libertad condicional. No obstante, su inasistencia a las últimas audiencias judiciales generó especulaciones sobre su paradero, hasta que se confirmó su ingreso a la sede diplomática mexicana.
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Para el gobierno peruano, el asilo representa una intromisión directa en un proceso judicial interno; para México, un acto de protección humanitaria. El episodio reaviva una disputa de larga data entre ambos países, cuyas diferencias se remontan a la caída de Castillo y al reconocimiento que Andrés Manuel López Obrador otorgó al exmandatario como “víctima de persecución política”.
