Lo que está sucediendo tanto en la industria aérea con las medidas adoptadas por el Departamento de Transporte en Estados Unidos que pusieron en jaque al AIFA, a aerolíneas mexicanas, y al transporte fronterizo, así como los problemas que enfrentaron varias entidades de la República por bloqueos de organizaciones de productores de maíz, tienen una causa común: los errores de López Obrador.
En el caso de la aviación, el primer error y capricho de López Obrador fue el cierre- contra toda lógica económica del NAIM- y la construcción del AIFA que fue inaugurado sin vialidades de acceso, lo que se tradujo en una muy baja afluencia de pasajeros y, para impulsarlo, se decidió en forma unilateral trasladar todas las operaciones de carga del AICM al AIFA, y reducir los spots u horarios de despegue y aterrizaje en el AICM de 53 a 43 por hora.
Tanto el traslado de las operaciones de carga como la reducción de slots en 2023 generó protestas de aerolíneas de Estados Unidos y del Departamento de Transporte. Con la llegada de Trump, y de Sean Duffy al frente del DOT, se incrementaron las quejas de Estados Unidos acusando a México de violar el Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015 y desde agosto pasado exigió que se derogue el Decreto de 2023, anunciando las primeras medidas de restricción a las aerolíneas mexicanas, y terminar con la inmunidad antimonopolio de Delta y Aeroméxico que están impugnando legalmente la decisión en Cortes de Estados Unidos.
Las nuevas medidas de represalia -sin precedente en la relación bilateral- implican una severa afectación para el AIFA, que perderá ingresos por la cancelación de 13 rutas a Estados Unidos, así como para Aeroméxico, que tuvo que cancelar el miércoles su ruta y vuelo inaugural a Puerto Rico; a Viva Aerobús, que ya tenía boletos vendidos justo al arranque de la temporada invernal para 9 nuevas rutas a Estados Unidos, desde el AIFA, que iniciaban en noviembre, y a Volaris, que tenía una nueva ruta a Newark.
De no llegarse a un acuerdo con el DOT, se frenarán todas las nuevas rutas desde el AICM y el AIFA a Estados Unidos, y en 4 meses las aerolíneas no podrán transportar carga desde el AICM.
La presidenta Sheinbaum y el titular de la SICT, Jesús Esteva, niegan que se haya violado el Acuerdo Aéreo Bilateral, y buscan un trasfondo político lo que dificultará un acuerdo.
Otro problema es que ni en este gobierno ni en el de López Obrador, el titular de la SICT ha logrado coordinar en forma eficiente ni al director del AIFA ni al de la AFAC, que dependen de la Defensa; ni al director del AICM, que depende de Marina. Urge que Sheinbaum ponga orden en el sector y fortalezca a Esteva.
Agro, el costo de desaparecer mecanismos de mercado
En el caso del agro, los bloqueos en carreteras en 20 estados prendieron las señales de alerta en el sector empresarial por el retraso en entrega de mercancías y por la presión de agricultores para que, además de mayor subsidio gubernamental, se obligue a las empresas a pagar un mayor precio del maíz, lo que generaría un aumento en precios y mayores presiones inflacionarias por el alza en la tortilla.
El origen del problema es la errónea política agropecuaria de López Obrador, quien desapareció mecanismos de mercado como los precios de referencia, que daban certidumbre a todos los productores, sin importar su tamaño.
Además, se prohibió el maíz transgénico que sí se permite en Estados Unidos, perdiendo nuestros productores competitividad; desaparecieron esquemas de cobertura de precios; seguros y de créditos blandos con la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
En su lugar se puso en marcha un esquema de apoyos sociales para los pequeños productores que es asistencialista y genera votos, pero no productividad en el campo.
La crisis estalló por la sequía de los últimos años, el aumento de costos de producción, y el abaratamiento de granos y oleaginosas en el mercado internacional.
Al respecto, Juan Carlos Anaya, CEO de Grupo GCMA, criticó el acuerdo alcanzado con los productores del Bajío porque genera una brecha de hasta 1,400 pesos por tonelada entre regiones y carece de criterios claros para definir el precio del mercado.
Urgió a regresar al ingreso objetivo o de referencia, o de bienestar si lo quieren llamar así, porque lo importante no es el nombre sino generar certidumbre.
Aseguró que el ingreso objetivo debería aplicarse también al sorgo y trigo cristalino, que están fuera de los precios de garantía y regresar a contratos o acuerdos entre productores y compradores, con mecanismo de mercado, oferta y demanda.
PIB cayó 0.3% en 3er Trimestre
Al cierre del 3T, el PIB cayó 0.3% y definitivamente no se alcanzará la meta de la SHCP de crecer este año 1%.
Las actividades secundarias, o sea la industrial, cayeron a tasa anual 2.9%, mientras que las primas crecieron 3% y las terciarias que abarcan comercio y servicios subieron 0.9%.
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