El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley General en Materia de Extorsión, además de bajar pena a servidores públicos.
Ricardo Monreal presentó una reserva para bajar la pena a los servidores públicos para tener una condena de cinco a 12 años y los extorsionadores de seis a quince años. La votación quedó dividida, con 339 a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, la reforma quedó avalada y pasará al Senado para sus efectos constitucionales.
En contraste, el PT tuvo dos abstenciones de la diputada Lilia Aguilar Gil y Greycy Mariam Durán y 6 en contra. Morena tuvo dos abstenciones, un voto en contra y la morenista Olga Sánchez Cordero prefirió salir del pleno.
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Al presentar el legislador morenista la reserva, chocó el bloque oficialista y se encendió la oposición quienes resaltaron como ejemplo a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco y líder de “La Barredora“, ya que podría beneficiar dicha modificación, pero del bloque oficialista aseguró que ya está pagando su condena.
Ricardo Monreal argumentó que modificar la pena de cinco a doce años de prisión y de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización a los servidores públicos que tengan atribuciones en la materia de prevención, investigación y persecución de los delitos y los extorsionadores de seis a quince.
Sin embargo, en el dictamen que avalaron en lo general se planteaba aplicar una pena de diez a veinte años de prisión a los servidores públicos.
Monreal argumenta ajuste a la Ley General de Extorsión
Afirmó de no poderse aplicar una pena “mayor” de diez a veinte años al funcionario omite, al funcionario que no informa frente al que es extorsionado.
“No se le puede aplicar una pena mayor de diez a veinte años al funcionario que omite, o al funcionario que no informa frente al que es extorsionador. Estamos planteando que al extorsionador le demos de seis a quince años y al funcionario que no informa de diez a veinte años, esa es la razón lógica proporcional que planteó, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de diez a veinte años, sino de seis, de cinco a doce años, y queda el extorsionador de hasta los quince años. Esa es la razón por la que planteó que debe de reducirse”, dijo.
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En contraste, Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, pidió subir la pena a los servidores públicos al igual que los extorsionadores.
“En vez de que les bajen las penas a los cómplices de los extorsionadores que están en el gobierno, porque el artículo 21 no habla de informes, habla de la obligación de denuncia de un funcionario público o, en un caso de emergencia, de un llamado a la policía, pues claro que no lo haces cómplice y actúas en perjuicio de la sociedad”, advirtió.
