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Guadalupe de la Cruz

Desde las primeras horas del lunes 27 de octubre, transportistas de agua del Estado de México salieron a las calles para manifestarse contra los operativos de la Fiscalía estatal que combaten el llamado “Huachicoleo del Agua”.

Más de 8 horas de bloqueos en vialidades estratégicas como la México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca y otras entradas conurbadas a la Ciudad de México, generaron complicaciones en la movilidad y dejando al descubierto la importancia de su trabajo para muchas comunidades.

Los piperos aseguran que no son delincuentes, sino prestadores de un servicio esencial. “No somos huachicoleros de agua; llevamos un servicio vital a familias que no tienen agua de manera regular”, dijeron en un comunicado. Denunciaron que los aseguramientos de pipas han dejado sin ingresos a muchas familias y que, al mismo tiempo, varias colonias se quedaron sin abasto del recurso.

Sin embargo, después de la presión mediática, autoridades del Estado de México lograron sentarse con los líderes del gremio y llegar a acuerdos. Representantes de la Conagua, la CAEM y la Secretaría General de Gobierno estatal escucharon las demandas de los transportistas y definieron mecanismos de trabajo conjunto para garantizar el suministro de agua sin afectar a la ciudadanía.

Lo que originó que los piperos liberaran las vialidades bloqueadas, incluyendo tramos del Periférico y autopistas que conectan municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. De igual forma en las vialidades del Valle de Toluca.

Además, aceptaron participar en una mesa de trabajo permanente donde se revisarán permisos, condiciones de operación y tarifas, con la intención de evitar nuevos conflictos.

Los transportistas insistieron en la necesidad de un marco legal que reconozca su labor y de mecanismos claros para otorgar permisos y supervisar la distribución del agua.

“Nuestra lucha no es solo por mantener nuestro empleo, sino por garantizar un servicio vital para miles de familias mexiquenses”, señalaron.

Por su parte, Conagua se comprometió a presentar un informe técnico sobre la situación de los pozos y puntos de carga, mientras que la CAEM propondrá un esquema actualizado para la entrega de agua en las zonas más críticas del Estado de México.

Con este acuerdo, la movilidad en el Valle de México y el Valle de Toluca empieza a normalizarse y el abasto de agua se asegura para las comunidades que dependen de este servicio. El diálogo será la vía para resolver conflictos y evitar que futuras protestas afecten a la gente.

Finalmente los piperos, dijeron que la lucha no es solo por defender el empleo, sino por que se reconozca el valor de un trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta vital para miles de familias mexiquenses.

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