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La desaparición de personas es un delito grave que se combate en la República Mexicana mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que si bien, México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, por lo que las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles.

La Cancillería, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, indicó que “ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado. Al respecto, sostiene que dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención”.

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El fenómeno de la desaparición forzada en México, indicó, está principalmente vinculado con la delincuencia organizada, por lo que corresponde al Gobierno, se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cancillería considera que México ha fortalecido instituciones encargadas en desapariciones

En México consideraron que se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación integral.

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