Por Juan R. Hernández
En la Ciudad de México, la política local parece vivir en modo de emergencia permanente. Tres iniciativas recientes en el Congreso capitalino reflejan la urgencia de atender, desde frentes distintos, un mismo problema de fondo: la desarticulación institucional que ahoga, inunda y enferma a esta metrópoli.
El diputado Alberto Vanegas Arenas busca reformar la Ley de Coordinación Metropolitana para darle dientes a la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Su apuesta: crear mecanismos de coordinación intergubernamental que eviten que cada entidad enfrente sola las inundaciones. Una propuesta sensata, considerando que el agua —ya sea en exceso o en ausencia— es el talón de Aquiles de la zona metropolitana. La fragmentación burocrática ha convertido los sistemas pluviales en un rompecabezas sin dueño ni mantenimiento.
Por otro lado, el panista Diego Garrido propone autorizar a particulares para reparar banquetas y baches. Un síntoma claro del deterioro urbano y de la desesperación ciudadana. En lo que va del año, más de 160 socavones han sido registrados. Pero delegar el mantenimiento público a manos privadas no es solución: abre riesgos técnicos, legales y de desigualdad. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad básica de garantizar infraestructura segura.
Y en otro frente, el morenista Pedro Haces Lago plantea la creación de Centros de Atención Especializada en Salud Mental en cada alcaldía. La iniciativa llega en buen momento: los casos de ansiedad, depresión y conducta suicida se dispararon más de mil por ciento desde 2020. Una “crisis silenciosa”, como él mismo la definió, que se ha vuelto tan urgente como el bache o la inundación.
Tres iniciativas, tres síntomas, una misma enfermedad: la falta de planeación y prevención. La capital pide políticas de largo aliento, no parches legislativos. Porque mientras el agua sube, las banquetas se hunden y la salud mental se desploma, lo que se inunda —de verdad— es la credibilidad del gobierno local.
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