Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump tiene autoridad para desplegar la Guardia Nacional en Portland, Oregón, pese a la oposición del gobierno estatal demócrata, reavivando el debate sobre los límites del poder federal frente a las autonomías locales.
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El fallo, emitido con dos votos a favor y uno en contra, revierte temporalmente la orden de la jueza Karen Immergut, quien había bloqueado el despliegue argumentando que la Casa Blanca actuaba de “mala fe” y con “afirmaciones exageradas de violencia” en la ciudad. Según su decisión previa, la situación en Portland estaba bajo control y no existía una amenaza que justificara la intervención militar.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones concluyó que el mandatario actuó dentro de su marco legal. “Es probable que el presidente ejerciera legalmente su autoridad”, escribió el panel al conceder al Departamento de Justicia la solicitud para suspender la orden de Immergut.
Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Eric McArthur, defendió la medida alegando que los agentes federales habían enfrentado actos violentos en las inmediaciones de un centro de procesamiento migratorio, donde algunos manifestantes “bloquearon vehículos, escupieron a las autoridades y encendieron fuego fuera de la instalación”.
La activación de tropas en Portland
La Guardia Nacional, una fuerza de reserva militar que normalmente responde a los gobiernos estatales, puede ser activada por el presidente en circunstancias federales excepcionales. Este carácter dual es fuente recurrente de disputas entre Washington y los estados cuando se trata de protestas civiles.
La decisión se enmarca en las movilizaciones contra la política migratoria de Trump, particularmente intensas en Portland, una ciudad de tendencia progresista gobernada por demócratas. El gobernador de Oregón y las autoridades locales han acusado al presidente de sobredimensionar los incidentes para justificar una intervención con fines políticos.
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El tribunal recordó que casos previos, como el despliegue de tropas en Los Ángeles, otorgaron “un gran nivel de deferencia” a la evaluación presidencial sobre la necesidad de enviar fuerzas federales. No obstante, la jueza Immergut advirtió en su fallo que dicha deferencia “no equivale a ignorar los hechos sobre el terreno”.
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El alcance de la decisión es limitado: solo permite el despliegue de la Guardia Nacional de Oregón, mientras sigue vigente una orden separada que prohíbe el envío de tropas de otros estados. La administración podría solicitar una revisión adicional para ampliar la autorización.
