El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió que se investigue la situación patrimonial del Adán Augusto López Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política del Senado y exaspirante presidencial.
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“Nadie está por encima de la ley y el fuero parlamentario no debe convertirse en impunidad. La vía institucional para atender señalamientos públicos es investigar, verifica y comunicar resultados, con base en evidencia, preservando la presunción de inocencia y el debido proceso”.
Dicho posicionamiento fue firmado por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, así como su homóloga en Puebla, Elisa González, e integrantes de comités locales en esa entidad y Guerrero.
El Sistema indicó que “en días recientes, se han difundido señalamientos públicos sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés, relacionados con el senador Adán Augusto López Hernández”.
Debido a la relevancia de la investidura legislativa de su cargo y “el deber de ejemplo de quienes integran el Senado, es necesario aclarar sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Los señalamientos contra el extitular de la Secretaría de Gobernación ameritan “verificación oficial, pronta y documentada”.
Los antecedesdes de Adán Augusto
El pasado 29 de septiembre, 24 HORAS publicó que Adán Augusto López, durante el tiempo que fue titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, declaró ingresos extras a su trabajo en el Gobierno federal por 11 millones de pesos, de los cuales 9 millones de pesos correspondían a arrendamientos.
A su vez, el 24 de julio pasado, este diario publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recopiló informes de inteligencia que ligan a López Hernández con una red de robo de combustible a Pemex a gran escala, con la extracción ilegal de hasta 150 mil litros diarios de huachicol en Tabasco.
Cuartoscuro |
El llamado a investigar al exgobernador de Tabasco es para la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para valorar “la procedencia de la apertura o continuación de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales, y de ser el caso, judicializar con estricto apego a Derecho”.
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También se pide al Sistema de Administración Tributaria indagar la consistencia de las declaraciones fiscales del líder de Morena en el Senado, así como a la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control de la Cámara Alta darle seguimiento a cualquier denuncia.
