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En toda la ciudad suman cerca de 2 mil 200 con mayor incidencia en Iztapalapa y Cuauhtémoc; la Clínica Jurídica alerta que hay varios vacíos legales que facilitan estos procesos

Omar Montalvo

Ciudad de México. – Durante los primeros seis meses de este 2025 se han registrado más de 900 denuncias por despojo en inmuebles de la alcaldía Benito Juárez gobernada por Luis Mendoza, zona dónde la población ha denunciado que existe colusión con elementos policiacos que pertenecen a Blindar BJ. Debido a la frecuencia de casos de desalojo, instituciones han detectado que estos casos se dan debido a vacíos legales.

Los datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), durante el primer semestre del año se iniciaron 906 carpetas de investigación por el delito de despojo.

Los constantes casos indican que las colonias dónde estos procesos para quitar la propiedad a otra persona, tienen mayor incidencia son Nápoles, Narvarte, Del Valle y Portales, zonas consideradas de “tensión inmobiliaria” debido a nuevos desarrollos y modelos de renta de corta estancia.

Algunas de las formas que los ciudadanos han reportado sobre los desalojos son a través del uso de la fuerza obligando a sacar a los habitantes, además de personas que ingresan para cambiar las chapas de las puertas, lo que han aprovechados los invasores para solicitar el apoyo de policías de la alcaldía y retirar a los dueños de los inmuebles a los que ya no pueden ingresar.

La Fiscalía local el pasado mes de julio reportó que en toda la Ciudad, la población ha realizado 2 mil 245 denuncias que derivaron en carpetas de investigaciones, además de que a nivel general las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc tiene más incidencia.

Al respecto la Clínica Jurídica de Derecho de la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, analizó los casos y presentó un informe dónde señala que esto ocurre debido a vacíos legales.

Esto en el ámbito de los límites procesales, ya que la ley no garantiza notificaciones adecuadas; la falta de alternativas habitacionales, pues la autoridad no contempla vivienda temporal a víctimas de los desalojos; y la prevalencia al derecho a la propiedad, pues las decisiones de los jueces siguen la línea del derecho a la propiedad privada y no como un derecho humano de vivienda.

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