La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, por un presunto desfalco de 186 millones de pesos y cobrar moches que alcanzarían los 2.5 millones de pesos.
La Conade no ha podido solventar las observaciones de la auditoría forense 117-DS desde hace cinco años, en que se señala a funcionarios de la dependencia de amañar procedimientos de licitación, cobrar moches supuestamente a nombre de Guevara y anomalías en apoyos para atletas de alto rendimiento, por lo que el caso ya está en manos de la FGR.
Dicho asunto derivó de la revisión de la Cuenta Pública 2019, es decir, del primer año de la velocista al frente del deporte mexicano, pero fue en 2020, durante la auditoría de la ASF, cuando el asunto ya había estallado.
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Dueños de Cimcsa denunciaron a Ana Gabriela Guevara por presunta extorsión
El 21 de mayo de 2020, los dueños de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (Cimcsa) denunciaron a Ana Gabriela Guevara por extorsión. Dos meses después, los empresarios Rafel N. y Jesús N. quedaron aprehendidos por la Policía de Veracruz y encarcelados, bajo el señalamiento del presunto delito de desaparición forzada contra un sujeto de nombre Edgar N.
Mientras eso ocurría, la ASF realizaba la auditoría forense y descubría anomalías en el caso de un contrato para alimentación de atletas de alto rendimiento con la empresa Cimcsa, de la que los detenidos eran representantes.
La ASF amplió sus investigaciones y se entrevistó en la cárcel con los detenidos, quienes señalaron que se le exigió una cantidad en efectivo para obtener el contrato, a pesar de que no tienen capacidad logística ni infraestructura para brindar el servicio.
Ese mismo año quedó detenida Armida Ramírez, exalcaldesa de Xalapa, y quien no era funcionaria de la Conade, pero que señalaron de presuntamente enviar a Edgar N. a las oficinas de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad a cobrar el moche de 2.5 millones de pesos.
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A Edgar N. se le vio por última vez en las oficinas de esa empresa en 2019, mientras que la exalcaldesa fue encarcelada y los representantes de Cimcsa también.
Cinco años después de esos hechos y que la ASF recibiera las declaraciones sobre el presunto cobro de moches, la ASF presentó denuncia ante la FGR por los resultados de la revisión a la Conade y un presunto desfalco de 186 millones de pesos, durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.
“El dueño de Cimcsa, en junio de 2019, en un hotel de la Ciudad de México, se reunió con personal de la Conade, en donde pactaron los términos del contrato y a quienes se les hizo entrega de documentación de tres empresas entre ellas Cimcsa, Lo Mejor para Hospitales, SA de CV, y una más de quien no recordaron el nombre, consistente en identificaciones, hojas membretadas, actas constitutivas y poderes para que simulará el proceso de adjudicación”.
“El dueño de Cimcsa realizó un pago inicial de 150 mil pesos para la adjudicación del contrato a su empresa, a personal de la Conade, en la reunión antes señalada en junio de 2019; asimismo, señalaron que personal de la dependencia, les solicitó 15% sobre el monto facturado y que, en marzo de 2020, se realizaron pagos finales del dinero solicitado por la adjudicación del contrato”.
Denuncias de Auditoría, desde hace dos años
En 2023, la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción por irregularidades financieras halladas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020.
La ASF presentó la denuncia el 28 de agosto de ese año contra la Conade por los hallazgos en la auditoría forense 143-DS, según confirmó la dependencia y cuya información se puede consultar públicamente en su base de datos.
En dicha fiscalización, la Auditoría determinó que la institución, dirigida por la exvelocista, tenía pendientes por aclarar 205.2 millones de pesos.
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Respecto a los principales hallazgos, la ASF señaló que existía un probable daño a la Hacienda Pública por 77.5 millones de pesos “por pagar a 428 personas físicas recursos por concepto de apoyos a entrenadores sin acreditar que fueran miembros activos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).
De dicha cifra global, el desglose indica que 40.4 millones de pesos se destinaron a 222 personas que “no acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo del entrenamiento deportivo”.
